Supone una dilación indebida, contraria al derecho a la tutela judicial efectiva que un juzgado de lo social demore el señalamiento del juicio, 3años y casi 5 meses después de la presentación de una demanda de reclamación de una cantidad, aunque ese plazo se redujera a casi 2 años en señalamiento anticipado, que también superaba con creces los tiempos medios de resolución (no de mera citación para juicio) en asuntos equivalentes. El TCo valora que se trata de un juicio que carece de especial complejidad y que, sin embargo, supone un significativo impacto en los derechos del recurrente. Esta demora no puede justificarse en motivos estructurales o por sobrecarga de trabajo no imputable al órgano judicial, como alega el juzgado, pues el ciudadano es ajeno a tales circunstancias.
La empresa no puede oponerse a la constitución de la sección sindical estatal de empresa argumentando que la posibilidad de optar para ello entre la empresa o el centro de trabajo no es algo que quede al arbitrio del sindicato ni que la organización sindical esté obligada, a la hora de configurar una sección sindical, a seguir el mismo esquema que se haya establecido para la configuración de la representación unitaria, ya que la jurisprudencia señala todo lo contrario. Tampoco puede alegar que se hayan incumplido los estatutos del sindicato, cuya defensa queda reservada a la propia entidad sindical.
Se aprueba el modelo 345 de declaración informativa de Planes, Fondos de Pensiones y Sistemas Alternativos. Mutualidades de Previsión Social, Planes de Previsión Asegurados, Planes Individuales de Ahorro Sistemático, Planes de Previsión Social Empresarial y Seguros de Dependencia. Declaración anual partícipes, aportaciones y contribuciones.
El TS determina que, en el caso de un impuesto como el IBI, cuyo período impositivo coincide con el año natural y su devengo se produce el primer día del período impositivo, la declaración censal y acogimiento al régimen fiscal especial de las entidades sin fines lucrativos surten efectos respecto a todo el período impositivo en que se produce la comunicación del citado régimen al Ayuntamiento correspondiente, y ello aunque tanto la inscripción en el Registro especial como la comunicación a dicho Ayuntamiento fueran posteriores al devengo del impuesto.
Durante el periodo de prueba cualquiera de las dos partes puede abandonar la relación laboral sin necesidad de tener que comunicarlo a la otra por escrito, o de utilizar una forma y contenido determinado. �?nicamente se requiere que no exista una vulneración de derechos fundamentales.
El plazo de 3 meses para solicitar la ejecución de la sentencia de despido colectivo por parte de un trabajador debe computarse desde la fecha de su firmeza y no desde el momento en que el recurrente dice haber tenido conocimiento de la misma.
La normativa española que prohíbe acumular dos pensiones de IPT causadas en el mismo régimen de Seguridad Social, pero permite tal acumulación cuando dichas pensiones se causen en regímenes distintos puede ser discriminatoria, si sitúa a las trabajadoras en desventaja con respecto a los trabajadores.
El recurso de nulidad tiene carácter excepcional y solo procede cuando concurra y se motive de forma exhaustiva la aplicación de alguno de los supuestos tasados por la norma. Por lo tanto, no puede utilizarse como vía general para anular liquidaciones firmes que no han sido recurridas previamente en vía ordinaria. En particular, una resolución impugnable fuera del tiempo establecido no constituye una causa de nulidad por infringir total y absolutamente el procedimiento establecido.
Se reduce con carácter transitorio el tipo impositivo de determinados combustibles, para adaptarse a las medidas establecidas en territorio común en el impuesto que persiguen contrarrestar la situación actual del mercado energético.
Siempre que el contrato tenga todos los datos necesarios para que la Administración pueda determinar si se cumplen los requisitos materiales para la deducción, el contrato, puede tener la consideración de factura.
