En estos casos el importe mínimo de un millón de euros de compensación de bases imponibles negativas resulta de aplicación a estas bases imponibles negativas, sin que la base imponible individual ni la del grupo fiscal pueda resultar negativa.
Se introducen mejoras en las reducciones aplicables al impuesto que, entre otras materias, afectan a las adquisiciones de fincas rústicas, al impulso de la actividad empresarial y al acceso a la vivienda.
Con efectos a partir del 14-4-2023, se modifica la deducción por inversión en la adquisición de acciones o de participaciones sociales o aportaciones sociales de nuevas entidades o de reciente creación.
Desde 1-1-2023, se modifica la deducción por donaciones a determinadas entidades y la deducción en concepto de inversión por un ángel inversor por la adquisición de acciones o participaciones sociales de entidades nuevas o de reciente creación.
En Cataluña se especifican los valores que deben ser tenidos en cuenta a efectos de aplicar la bonificación relativa a las propiedades forestales.
Se aprueba nueva normativa para regular los Mercados de Valores y los Servicios de Inversión.
La deducción por maternidad se aplica asimismo a aquellas madres que pasaran a encontrarse en situación legal de desempleo durante los años 2020 a 2022, entendiéndose que continúan realizando una actividad por cuenta propia o ajena por la cual están dadas de alta en la Seguridad Social o mutualidad aquellas mujeres que, a partir de 1-1-2020, hubieran pasado a encontrarse en dicha situación.
No constituye un despido tácito la tramitación de la baja en la Seguridad Social de una trabajadora que ha agotado el plazo máximo de duración de la IT, aunque con posterioridad sea declarada en situación de incapacidad permanente total.
Para determinar el Estado miembro cuya institución de garantía es competente para el pago de los créditos salariales impagados de los trabajadores debe considerarse que el empresario insolvente tenga actividades en el territorio de al menos dos Estados miembros, para lo cual no basta con que el trabajador ejerza allí cualquier forma de trabajo sino que la empresa debe tener presencia económica permanente, lo que se traduce en la contratación estable de uno o más trabajadores asalariados. Entonces, la institución competente es la del Estado miembro en el que el trabajador preste habitualmente sus servicios, con independencia del Estado a cuya Seguridad Social se encuentre afiliado.
Por primera vez se reconoce en suplicación, por el TSJ de Cataluña, el derecho a una indemnización adicional que se suma a la legal tasada en un caso de despido objetivo que califica de improcedente, casando la de instancia. Esta indemnización adicional se limita al lucro cesante de tres mensualidades del subsidio de desempleo que el trabajador no pudo percibir al no haber podido ser incluido en el ERTE subsiguiente. Por el contrario, el TSJ de Castilla La Mancha no comparten esa postura y niegan el reconocimiento de indemnización adicional, solicitada con base en la edad de 59 años de la trabajadora cesada. A su modo de ver, ésta solo es posible si hubiera vulneración de derechos fundamentales, o se previera su abono convencional o contractualmente o atendiendo a las circunstancias de falta de readmisión o si esta se produjera de forma irregular. Consideran que la indemnización tasada es de configuración legal y no vulnera lo establecido en los convenios internacionales ratificados por España, ni resulta arbitraria.
