Si se utiliza el método de tabla de amortización, debe equipararse a un almacén.
Si no se solicita su devolución, el gasto se considera que es una liberalidad, y por tanto no deducible.
Se aprueba para el año 2020 la Orden que desarrolla el Régimen especial simplificado en IVA, que mantiene los módulos y las instrucciones para su aplicación, así como la reducción aplicable a las actividades económicas desarrolladas en el municipio de Lorca.
Es deducible la retribución al socio único por los servicios derivados de su relación laboral.
Con el fin de facilitar a las corporaciones locales el cumplimiento de la obligación de suministrar información relativa al esfuerzo fiscal, la Secretaria General de Financiación Autonómica y Local ha regulado en términos similares a los de ejercicios anteriores, la información básica y complementaria que deben facilitar, así como el plazo y la forma de suministrar dicha información.
Con entrada en vigor el 27-11-2019, se ha publicado el Protocolo y Memorando de entendimiento que modifican el CDI con EEUU, introduciendo múltiples modificaciones, algunas de ellas de gran calado.
En una exportación, aunque la persona que adquiere los bienes no coincida con la que consignada en la factura emitida por el sujeto pasivo, se debe permitir aplicar la exención prevista para la exportaciones. Solo se puede denegar su aplicación en caso de que esa falta de identificación impida calificar la operación como una entrega de bienes, o se demuestre que el sujeto pasivo conocía o debía conocer que estaba participando en un fraude fiscal.
El TEAC, en la misma línea que el TS respecto a la tributación por ISD de los residentes en terceros países, cambia el criterio mantenido hasta la fecha en cuanto a la aplicabilidad de la normativa española considerada contraria a la normativa europea.
La previsión reglamentaria que permite a la Administración apreciar indicios de delito en cualquier momento, es decir, aunque ya exista liquidación o sanción, carece de habilitación legal, es contraria al sistema tasado de recursos contra actos firmes y compromete los principios de confianza legítima y prohibición del ne bis in idem.
No procede la exención si, de las circunstancias que concurran en cada caso, se deduce que se trata de una extinción del contrato de mutuo acuerdo, incluso cuando se haya producido un acto de conciliación.
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