La exención establecida para las embarcaciones y los buques de recreo o de deportes náuticos, que se afecten efectiva y exclusivamente al ejercicio de actividades de alquiler, está condicionada al cumplimiento de la obligación de afectar la embarcación a un exclusivo y determinado uso, el arrendamiento, y que dicho uso sea efectivamente desarrollado. Si la embarcación no puede ser objeto de arrendamiento por necesitar realizar reparaciones, se debe presentar una autoliquidación como consecuencia de la variación de las circunstancias para las que había sido otorgada la exención.
Con efectos desde el 19-1-2023, se aprueban el modelo 593 de autoliquidación del impuesto para los hechos imponibles realizados en Cataluña, el Registro Territorial en Cataluña y el Censo de obligados tributarios del impuesto, adscritos a la Agencia de Residuos de Catalunya.
Siguiendo la nueva doctrina del Tribunal Supremo, el TEAC cambia de criterio y establece que, en los supuestos de estimación por razones de fondo, el plazo de ejecución es de un mes, a contar desde el día en que la resolución tenga entrada en el registro de la Oficina de Relaciones con los Tribunales. El incumplimiento del plazo conlleva la no exigencia del interés de demora.
Con el fin de mejorar la regulación del impuesto, se aprueban nuevas medidas y se modifican otras ya existentes, para adecuar la normativa del IRPF a la coyuntura económica y social actual.
Se revisan los supuestos de rendimientos de trabajo en especie y los rendimientos íntegros referidos a los complementos salariales percibidos como consecuencia de un despido colectivo o extinción de contrato por causas objetivas.
Se incrementan los porcentajes de gastos en el método de estimación directa simplificada y se revisa la tributación de las prestaciones percibidas por el cese de actividad como consecuencia del COVID-19. Asimismo, se aprueba una nueva infracción/sanción por el incumplimiento de la obligación TicketBAI.
Se introducen diversas medidas en materia de deducciones. En ellas: las deducciones por discapacidad o dependencia y por aportaciones realizadas al patrimonio protegido de la persona con discapacidad, así como para el fomento de las actividades económicas.
