La cantidad percibida por el trabajador en concepto de indemnización a la extinción del contrato temporal debe deducirse del importe de la suma que finalmente se fije como indemnización, una vez que se califica el cese como despido improcedente.
Incurre en competencia desleal el trabajador que, a pesar de haber pactado en contrato la prohibición de prestar servicios laboralmente de forma simultánea para cualquier otra empresa del mismo sector, desempeña el cargo de administrador social en una empresa de la competencia, con un perjuicio real o potencial a su empleador, al concurrir ambas empresas en licitaciones públicas.
No hay transgresión de la buena fe contractual sancionable con el despido, porque de la prueba practicada no se evidencia que tenga aptitud para el trabajo ni esté simulando la enfermedad, tampoco que las actividades imputadas (conducir un vehículo cargar pequeños pesos y acudir al gimnasio) interfieran negativamente en el restablecimiento de su estado de salud. En el caso concreto existía, además, un informe médico que especifica que el paciente había obtenido mejoría clínica con ocasión del ejercicio físico regular realizado por su cuenta
Las empresas no tienen que complementar la IT derivada de COVID-19, a pesar de su consideración como situación asimilada a accidente de trabajo con carácter excepcional.
La ausencia de buena fe y de la debida información y documentación por parte de la empresa en el periodo de consultas es causa de nulidad de la modificación sustancial de condiciones de trabajo de carácter colectivo.
Si el convenio colectivo no prohíbe la compensación y absorción del incremento del SMI, esta subida se compensa con la suma del salario base y del complemento de antigüedad siempre que el resultado, en su conjunto y cómputo anual, sea superior al SMI.
