Se modifica la norma foral general tributaria para transponer la Directiva comunitaria
Dir 2018/822/UE
, en lo relativo al intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad, en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información. Además, se introducen novedades en en materia de declaración de caducidad.
Se introduce una exención en el ITP y AJD, que afecta a la cuota gradual de documentos notariales de la modalidad de AJD, y que se va a aplicar a las escrituras de formalización de las moratorias de préstamos y créditos hipotecarios y de arrendamientos sin garantía hipotecaria, que se produzcan en aplicación de la moratoria hipotecaria para el sector turístico.
Se introduce una exención en el ITP y AJD, que afecta a la cuota gradual de documentos notariales de la modalidad de AJD, y que se va a aplicar a las escrituras de formalización de las moratorias, tanto de las legales, como de las convencionales suscritas al amparo de un acuerdo marco sectorial.
Ante la evolución de la crisis generada por el coronavirus (COVID-19), se modifica la Norma Foral General Tributaria, en relación con el intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad, con referencia a los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación e información.
Se especifican sanciones que pueden ser aplicadas tanto al contribuyente, por el incumplimiento de la obligación o por la destrucción, borrado o manipulación del software y archivos informáticos que sirven de soporte a los registros que documenten las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en el desarrollo de una actividad económica, como al desarrollador de software o a un tercero en el caso de sean estos los que procedan a la destrucción, borrado o manipulación del software.
Incurre en incongruencia omisiva la sentencia de suplicación que no contiene pronunciamiento alguno sobre alegaciones realizadas en el recurso al declararlo inadmisible. La sentencia olvida que la declaración de nulidad obtenida en la instancia se pretendía ampliar con otros motivos diferentes, conectados con derechos fundamentales, que podrían conducir a la estimación de la pretensión indemnizatoria complementaria o simplemente reforzar una eventual perspectiva de improcedencia del despido. Cuestiones todas ellas sobre las que el recurrente tenía un evidente interés legítimo y que debieron ser objeto de pronunciamiento. La Sala IV casa y anula íntegramente la sentencia recurrida y devuelve las actuaciones a la Sala de lo Social del TSJ de Madrid para que con libertad de criterio, aborde de nuevo el análisis de ambos recursos de suplicación, comenzando por el enjuiciamiento de las pretensiones del trabajador sobre vulneración de los derechos fundamentales y nulidad del despido, debiendo resolver después, en su caso, las restantes cuestiones suscitadas.
Desaparece la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas que pasa a denominarse Dirección General de Costes de Personal, si bien las funciones de la Subdirección General de Gestión de Clases Pasivas hasta ahora dependiente de la Dirección General de Costes de Personal seguirán siendo ejercidas en los mismos términos hasta el cumplimiento de lo previsto en el
RD 497/2020
, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
La indemnización reconocida a un falso autónomo en conciliación administrativa, sin entrar a valorar la calificación jurídica del despido, no está exenta, aunque pueda beneficiarse de la reducción del 30% propia de los rendimientos de trabajo.
No tiene derecho el padre a la prestación de maternidad en un supuesto en el que la madre, abogada de profesión, está de alta en la Mutualidad de la Abogacía que configura como obligatoria la cobertura de la protección por maternidad, aunque consista en una cantidad a tanto alzado.
