El importe de los beneficios no distribuidos cuando se produce la variación del porcentaje de participación, puede determinarse a partir del incremento neto de los beneficios no distribuidos generados durante cada uno de los períodos de tiempo en que el porcentaje de participación permanece constante.
El Tribunal Supremo ha anulado parcialmente la regulación reglamentaria del ajuste secundario y el procedimiento para aplicar el valor de mercado.
A efectos del depósito en el RM no se considera informe de auditoría el documento en que el auditor manifiesta no poder emitir opinión.
La constitución de hipoteca por parte de la concursada, dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso, sobre una nave industrial de su propiedad, para garantizar la obligación contraída por una sociedad perteneciente a su mismo grupo, sin recibir contraprestación alguna, ni directa ni indirectamente, constituye un acto dispositivo oneroso que ha causado un perjuicio patrimonial a la concursada y por tanto susceptible de rescisión.
El sistema de retribución de los administradores debe constar en los estatutos sociales.
Se aprueba un nuevo tipo reducido aplicable en la modalidad TPO del impuesto que afecta a la transmisión de inmuebles por jóvenes empresarios.
Los datos obtenidos a través de un GPS instalado en el vehículo de empresa sin conocimiento del trabajador no pueden servir para justificar su despido.
Los datos obtenidos a través de un GPS instalado en el vehículo de empresa sin conocimiento del trabajador no pueden servir para justificar su despido.
No se considera causa que justifique la extinción del contrato de TRADE la declaración de concurso de acreedores del cliente ni el cese de la actividad, no previstas legalmente ni recogidas en el contrato con el TRADE, cuando además no ha habido preaviso, por lo que procede la indemnización de daños y perjuicios a favor del autónomo dependiente.
No se considera causa que justifique la extinción del contrato de TRADE la declaración de concurso de acreedores del cliente ni el cese de la actividad, no previstas legalmente ni recogidas en el contrato con el TRADE, cuando además no ha habido preaviso, por lo que procede la indemnización de daños y perjuicios a favor del autónomo dependiente.