Se modifica la Ley de Arrendamientos Urbanos, con el objetivo fundamental de flexibilizar el mercado del alquiler y lograr la dinamización del mismo. La modificación afecta principalmente a los siguientes aspectos: el régimen jurídico aplicable, reforzando la libertad de pactos y dando prioridad a la voluntad de las partes; la duración del arrendamiento, reduciéndose de 5 a 3 años la prórroga obligatoria y de 3 a 1 la prórroga tácita; la recuperación del inmueble por el arrendador para destinarlo a vivienda permanente; y la previsión de que el arrendatario pueda desistir del contrato en cualquier momento, una vez transcurridos 6 meses.