Si en la operación se pone de manifiesto una renta positiva, a la misma le resulta de aplicación la exención por doble imposición.
La calificación como prestación de servicios, aunque esta suponga una modificación sustancial del inmueble, excluye que la obra realizada pueda aplicar el periodo de regularización previsto para los bienes inmuebles.
La DGT cambia su criterio respecto al expediente notarial para la inmatriculación de un inmueble, aunque no resulte cuota a ingresar.
La resolución económico-administrativa firme, que confirma la desestimación de la solicitud de rectificación de la autoliquidación por la Oficina gestora, no constituye una liquidación practicada por esta, por lo que se debe admitir a trámite la segunda solicitud de rectificación si se basa en argumentos, datos o circunstancias sobrevenidas, relevantes para la devolución instada.
La vinculación de las sentencias que resuelven las sanciones en materia de PRL y los procedimientos posteriores relativos al recargo de prestaciones en cuanto a la existencia de la infracción y a los hechos en que se funda esa apreciación no opera automáticamente, sino que hay que determinar en qué medida y bajo qué circunstancias lo resuelto en la primera puede proyectarse en la segunda.
Con vigencia desde el 19-9-2024 las administraciones sanitarias tienen la posibilidad de emitir la tarjeta sanitaria individual en soporte físico y en soporte virtual, adaptando los medios técnicos necesarios a los requisitos exigidos por la norma.
Vulnera el derecho a la intimidad y dignidad del trabajador el registro de su despacho sin su presencia ni y la de ningún miembro del comité de empresa o de cualquier otro empleado o Notario, forzando un armario cerrado y accediendo a su cajonera, donde se encontraban enseres personales y material de trabajo.
El TSJ Asturias califica como improcedente, no nulo, el despido por faltas de asistencia injustificadas de una trabajadora en situación de IT que no comunica su baja a la empresa y recuerda que la emisión de un parte de baja médica no exime al trabajador de su deber de comunicar al empresario las circunstancias que le impiden acudir a su puesto con la diligencia debida.
A efectos del cálculo de los ingresos de la unidad económica de convivencia, se deben tener en cuenta los importes brutos. Por ello, debe computarse tanto el importe de la prestación de desempleo para mayores de 52 años como el importe de la cotización que lleva a cabo el SEPE a efectos de la pensión de jubilación.
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