Hasta que finalice la situación de crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus, se atribuye la custodia, conservación y dispensación de medicamentos de uso humano, además de a los sujetos ya previstos legalmente, a los servicios de farmacia de los centros de asistencia social, de los centros psiquiátricos y de las instituciones penitenciarias. Asimismo, se prevé la posibilidad de acercar la medicación al paciente en situaciones de crisis sanitaria o cuando la situación clínica, de dependencia, vulnerabilidad, riesgo o de distancia al centro hospitalario lo requiera
Nueva reforma del texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, que completa la última realizada sobre el mismo precepto, por la que se reserva a la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos la adopción del procedimiento a seguir para la fijación del precio de los medicamentos y de otros productos necesarios para la protección de la salud poblacional
Desde el 1-6-2020, están exentos de aportación en la prestación farmacéutica ambulatoria, además de los colectivos ya existentes, las personas beneficiarias del ingreso mínimo vital.
Para garantizar el acceso de la población a los productos de uso recomendados como medidas higiénicas para la prevención de contagios por el COVID-19, se establece el importe máximo de venta al público de determinados productos sanitarios.
Se establecen cuáles son los centros, servicios y establecimientos sanitarios considerados esenciales y las medidas que deben adoptar aquellos que no lo son.
Ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y con el fin de garantizar tanto la necesaria disponibilidad de los medicamentos de dispensación hospitalaria y a los pacientes no hospitalizados que lo requieren, incluyendo los medicamentos en investigación, como el mantenimiento del suministro de los medicamentos en España, se adoptan determinadas condiciones de dispensación y administración durante la vigencia del estado de alarma.
Durante el estado de alarma, los centros, servicios y establecimientos sanitarios y los centros sociales de mayores, personas dependientes o con discapacidad, ya sean de titularidad pública o privada, son considerados servicios esenciales, por lo que deben mantener su actividad, no pudiendo tramitar ERTE.
No es objeto de aplicación el permiso retribuido recuperable (ver nº
4800
Memento Social 2020) a las personas trabajadoras por cuenta ajena que trabajen en los centros, servicios y establecimientos sanitarios, así como a las personas que atiendan mayores, menores, personas dependientes o personas con discapacidad.
Con el fin de garantizar su acceso adecuado a la ciudadanía, y luchar frente a la expansión del coronavirus, se modifica la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios posibilitando que el Gobierno pueda regular el mecanismo de fijación de los precios de otros productos necesarios para la protección de la salud poblacional y previendo que, cuando exista una situación excepcional sanitaria, la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos pueda fijar el importe máximo de venta al público de los medicamentos y otros productos.
El tratamiento de datos personales relativos a la salud está prohibido, excepto cuando el tratamiento es necesario para fines de medicina preventiva o laboral o por razones de interés público en el ámbito de la salud pública
