La norma que fija la cuantía del SMI establece una garantía salarial mínima de los trabajadores que debe alcanzarse mediante la suma del conjunto de retribuciones salariales, no siendo exigible que se alcance en el concepto del salario base. Por tanto, es legal un salario base inferior al SMI si las retribuciones salariales que los trabajadores perciben en cómputo anual y por todos los conceptos alcanzan la cuantía del SMI.
El TS reitera que las extinciones voluntarias del contrato deben contabilizarse a los efectos de comprobar si se han superado los umbrales del despido colectivo, siempre que se hayan producido a iniciativa del empresario. Tienen esta consideración las extinciones por mutuo acuerdo que se producen dentro del mismo periodo de 90 días en el que la empresa despide a otros trabajadores en el contexto de un proceso de reducción global de plantilla previamente anunciada.
No es ajustada a derecho la utilización del contrato de sustitución para sustituir al personal de la empresa en periodo de vacaciones.
Con efectos a partir de 1-1-2023, esta Comunidad Autónoma aprueba dos nuevas deducciones: para fomentar el ejercicio físico y la práctica deportiva y para paliar la subida de los intereses de los préstamos hipotecarios destinados a la adquisición de vivienda habitual.
El pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid contra el Impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas.
Lo relevante para aplicar el régimen especial es que, tras un examen global de la operación, la misma no haya tenido como objetivo principal o como uno de sus principales objetivos el fraude o la evasión fiscales.
En casos de cuotas de IVA no devengadas e indebidamente repercutidas, se debe minorar el IVA indebidamente repercutido y reconocer el derecho a devolución de esas cuotas a favor de quien las soporto.
Se recupera la deducción aplicable a las operaciones de subrogación y modificación de préstamos y créditos hipotecarios suprimida en este territorio desde 2018, como medida protectora de los consumidores ante posibles incrementos por las entidades bancarias de los costes en este tipo de operaciones.
Las graves omisiones procedimentales consistentes en no valorar tanto las alegaciones previas al acta como las alegaciones previas a la liquidación, determinan la nulidad de las actuaciones tributarias, al privar al contribuyente, de forma manifiesta, de la posibilidad de un ejercicio efectivo del derecho de defensa.
