Se aprueba el tipo de interés efectivo anual para el tercer trimestre natural del año 2023 a efectos de calificar tributariamente a determinados activos financieros.
Para su determinación deben aplicarse las reglas generales en materia de cómputo de plazos, por lo que los seis meses posteriores a la conclusión del periodo impositivo deben calcularse, de fecha a fecha (aunque no sea el último del mes), y los 25 días naturales a contar desde el día siguiente a la finalización del anterior plazo.
El Alto Tribunal determina que la normativa fiscal española discrimina a los fondos de inversión libre no residentes, dado que se prevé un tipo de gravamen superior al que aplica a los fondos de inversión libres residentes en España.
Se adapta la normativa que regula el certificado al que se condiciona la aplicación de la exención en el IVA e IIEE para incorporar a las FFAA de Estados miembros de la UE implicados en la PCSD.
Se aprueba el modelo 381, que debe ser utilizado para solicitar el reembolso de las cuotas soportadas por las FFAA de países miembros de la UE distintos de España, vinculadas a la política de defensa común.
El TS fija como doctrina que los beneficios previstos para determinadas adquisiciones explotación agraria prioritaria se aplican en caso de adquisición para la sociedad de gananciales, con independencia de quién ostente la condición de agricultor profesional y sea el titular de la explotación.
La paralización de actividad y el cierre de establecimientos ordenada por el decreto de declaración del estado de alarma (RD 463/2020), no determina la inexistencia del hecho imponible durante el periodo de inactividad. Pero sí que procede la aplicación al caso del régimen de paralización de industrias, con rebaja de la parte proporcional de la cuota, según el tiempo que la industria, comercio o actividad haya dejado de funcionar.
El Tribunal Supremo considera que la suspensión cautelar de la obligación de información entre particulares, cuando la cesión de información vulnera el régimen jurídico del deber de secreto profesional del intermediario, no debe limitarse a los abogados.
No se tiene derecho a percibir la pensión de jubilación activa, en el porcentaje del 100%, en el supuesto de un trabajador autónomo, que forma parte de una sociedad civil irregular, dado que es dicha comunidad quien ha contratado a los trabajadores por cuenta ajena.
El TS rectifica su doctrina y considera que el trabajador puede interponer la acción de clasificación profesional, aunque el encuadramiento sea inadecuado desde el inicio de la relación, mientras se mantenga y no sea corregido, al tratarse de una acción de tracto sucesivo y no de tracto único como se venía entendiendo.
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