En el procedimiento Contencioso-Administrativo corresponde a la parte actora que alegue discriminación aportar indicios fundados sobre su existencia y a la parte demandada justificar de manera objetiva, razonable y suficientemente probada las medidas adoptadas y su proporcionalidad. Asimismo, el órgano judicial, de oficio o a instancia de parte, puede recabar informe de los organismos públicos competentes en materia de igualdad.
La nueva normativa impone a la ITSS la obligación de incluir en su plan anual de actuación, con carácter de objetivo de alcance general, el desarrollo de planes específicos sobre igualdad de trato y no discriminación en el acceso al empleo y en las condiciones de trabajo.
Las administraciones públicas deben favorecer la puesta en marcha de mecanismos para que los algoritmos involucrados en procesos automatizados de toma de decisiones que utilicen tengan en cuenta criterios de minimización de sesgos, transparencia y rendición de cuentas, siempre que sea factible técnicamente.
Desde el 14-7-2022 la ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación establece expresamente la implicación de la Administración de justicia en la tutela de estos derechos. Siempre con independencia de la nacionalidad, edad o situación administrativa de los extranjeros afectados. La ley promueve su tutela colectiva estando legitimados a demandar, entre otros sujetos, la futura Autoridad Independiente para la defensa del derecho a la igualdad de trato y no discriminación. Se recuerda el funcionamiento de la inversión de la carga de la prueba, que no atañe al ámbito penal o al procedimiento administrativo sancionador. La cosa juzgada afecta a los sujetos no litigantes, titulares de los derechos que fundamenten su legitimación, también colectiva, como parte.
El gasto por el alquiler de un local dedicado a la restauración, correspondiente a los meses en que dicha actividad no se desarrolla, se considera gasto deducible ya que, al efectuarse con la intención de volver a reiniciar la actividad en la temporada siguiente, está correlacionado con los ingresos.
Dado que la LIRNR únicamente considera susceptibles de imputación de rentas generadas en España a los bienes inmuebles urbanos situados en dicho territorio, no afectos a actividades económicas, los inmuebles rústicos con construcciones no dan lugar a la realización del hecho imponible de este impuesto, por lo que respecta a la modalidad de imputación de rentas inmobiliarias.
Con efectos a partir del 23-7-2022, se aprueban los nuevos modelos del ISD en este territorio, en concreto el 650 (autoliquidación sucesiones) y el 660 (declaración sucesiones). Entre otros motivos, se adaptan al nuevo criterio de cálculo del ajuar doméstico en virtud del cual se han de incluír solo los bienes afectos al servicio de la vivienda o al uso personal del causante, se introduce el valor de referencia como a efectos de la determinación de la base imponible de este impuesto,….
No ejercido en plazo el derecho a deducir las cuotas soportadas impide que en una regularización posterior estas sean deducidas, aun cuando no se haya constatado abuso de derecho o fraude.
Procede la aplicación de la reducción de la regla 14ª4 de las Tarifas del IAE para los supuestos de cese temporal de la actividad por la declaración de estado de alarma por el COVID-19, siempre que se pruebe que existió una inactividad total. La reducción ha de ser proporcional al número de días en que tuvo lugar dicha paralización total de la actividad como consecuencia de la citada declaración.
