Disolución judicial por paralización de órganos sociales
El bloqueo de la junta general es causa de disolución de la sociedad, y ello a pesar de que el órgano de administración esté plenamente operativo.
El bloqueo de la junta general es causa de disolución de la sociedad, y ello a pesar de que el órgano de administración esté plenamente operativo.
Pese a su regularidad formal, es susceptible de anulación, por lesión del interés social, un acuerdo adoptado por la mayoría de forma abusiva, aunque no cause daño al patrimonio social. En este caso, no se ha acreditado que el acuerdo se adoptase con abuso de la mayoría.
El socio está legitimado para ejercer la acción social de responsabilidad del administrador cuando la junta rechaza ejercitarla, ya haya sido convocada esta junta expresamente al efecto o se haya convocado con otro propósito pero, en el transcurso de la misma, hubiese rechazado ejercitar la acción.
Se fija, como cuantía de la caución para adoptar un embargo preventivo, el tipo de interés legal del dinero aplicado sobre la cantidad por la que se va a despachar tal embargo.
Se condena a los consejeros a devolver a la sociedad, en ejercicio de la acción social ejercitada por un socio minoritario, los gastos privados que indebidamente cargaron a la sociedad.
El vaciamiento patrimonial de una sociedad que realiza su administrador para eludir el cumplimiento de las obligaciones sociales permite pensar que hará lo mismo con su patrimonio personal cuando se ejercita contra él una acción de responsabilidad del administrador, por lo que procede el embargo preventivo de sus bienes.
Si no se han depositado las cuentas anuales, se presume -salvo prueba en contrario- que la sociedad está incursa en causa de disolución por pérdidas. El hecho de que se aporten las cuentas durante el pleito no desvirtúa esa presunción cuando no consta el depósito de las mismas, ni siquiera su presentación en el RM.
A efectos de la responsabilidad por deudas, conforme a la cual el administrador responde de las deudas posteriores a la causa de disolución, la fecha de libramiento del pagaré determina el nacimiento de la deuda, siendo irrelevante la fecha en la que el acreedor la reclama judicialmente y la fecha de una eventual transacción con el deudor para aplazar su pago.
El importe de las retenciones que un promotor inmobiliario practica a la empresa constructora en las certificaciones de obra es una deuda que nace en el mismo momento en que la retención se practica. El hecho de que se fije una fecha posterior para que el promotor devuelva la retención efectuada, y se condicione tal devolución a que no surja en el ínterin ninguna de las contingencias de las que deba responder la retención, no altera la naturaleza del crédito ni la fecha de su nacimiento.
Se resuelve el alcance de los conceptos gratuidad-onerosidad en relación con operaciones enmarcadas en grupos de empresas y el concepto de garantías contextuales.
Atención al cliente
Si tienes dudas ponte en contacto con nosotros a través de clientes@lefebvreelderecho.com o llamando al 91 210 80 00 o 902 44 33 55.
Por teléfono
Lo más rápido es llamarnos al 91 210 80 00 o 902 44 33 55, te atenderemos de 8:30h a 20:00h de Lunes a Viernes.
Envío gratis
Envío gratuito a partir de 30€ (excepto Canarias, Ceuta y Melilla).
Devoluciones
Hasta dos meses desde que recibes el pedido para devolver la compra si no has quedado satisfecho (excepto Producto Electrónico que son 15 días).