Como mecanismo de evitación del ajuste secundario, requiere que el obligado justifique que se ha producido de manera efectiva, esto es, en un acto independiente, voluntario y destinado a este fin.
Entre las modificaciones destaca la reducción del perímetro de vinculación y la inclusión de un contenido simplificado de la obligación de documentación para entidades o grupos de entidades con importe neto de la cifra de negocios inferior a 45 millones de euros.
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