Con independencia del momento de su pago, deben integrarse en la base imponible del ejercicio en el que se realice su registro, mediante un ajuste extracontable al resultado contable.
No se puede pretender que una renta calificada como canon bajo un CDI se reclasifique como beneficio o utilidad empresarial por virtud de una cláusula de nación más favorecida que prevé solamente la aplicación automática de un tipo inferior al previsto en el CDI de aplicación.
Convenios colectivos
Se modifican diversas normas reglamentarias que atienden a facetas de la seguridad de los buques y sus equipos, ajustando aspectos que facilitan la actividad marítima, incorporando así la
Directiva Delegada (UE) 2021/1206
de la Comisión.
Las citaciones efectuadas por el juzgado vía Lexnet al abogado al que no se le ha otorgado representación no producen efectos, aunque su domicilio aparezca en el escrito de demanda a efectos de notificaciones.
El límite legal de responsabilidad del FOGASA opera para los créditos adeudados por cada relación laboral, también en caso de existir diferentes contratos entre el mismo trabajador y empresa siempre que entre los contratos haya interrupción temporal clara y no haya fraude de ley.
Vulnera el principio de efectividad que la normativa española supedite la efectiva responsabilidad patrimonial del Estado por infracción de la normativa de la UE a ciertos requisitos. En concreto, que tenga que haber una sentencia del TJUE que declare la norma nacional con rango de ley aplicada contraria a Derecho de la UE y que esta sentencia marque la prescripción y el período de 5 años indemnizable. También es contrario al Derecho de la UE que se obligue a obtener sentencia firme contra la Administración, sin prever casos en los que no existe una actuación administrativa impugnable y el daño deriva de un acto u omisión del legislador.
La compatibilidad del percibo de la pensión de jubilación con la realización de trabajos por cuenta propia cuyos ingresos anuales totales no superen el SMI no se aplica a los pensionistas que, por su posición en una sociedad mercantil, tiene el control efectivo de la misma, por lo que se procede a su alta en el RETA (autónomos societarios).
El TCo diferencia por primera vez entre sexo y género, señalando que la identidad de género es una causa sospechosa de trato discriminatorio. Encontrar indicios de discriminación por esta causa supone la inversión de la carga de la prueba. No obstante, es procedente la extinción del contrato de una persona transgénero durante el periodo de prueba si no se acredita la existencia de discriminación.
Cuando la situación de insuficiencia de personal o las necesidades estacionales en una empresa pública se reiteran sistemáticamente en el tiempo, estamos ante una situación estructural que puede ser prevista por la empleadora y que no sirve para justificar la utilización del contrato eventual.
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