El pensionista de jubilación, a la cual accedió con edad inferior al tener una grado de discapacidad superior al 65%, no puede acceder a la pensión de incapacidad permanente aunque no tenga todavía cumplidos los años establecidos, de forma general, como edad ordinaria de jubilación (TS 29-6-20, EDJ 606494; 1-7-20, EDJ 606633, con votos particulares).
Para 2021 se fija en un 0,22% el tipo de interés máximo a utilizar en los planes de pensiones respecto a las contingencias en que esté definida la prestación y para las que se garantice exclusivamente un tipo de interés máximo o determinado en la capitalización de las aportaciones.
Para 2021 se fija en un 0,54% el tipo de interés máximo a utilizar en el cálculo contable de la provisión de seguros de vida.
El acuerdo entre la empresa y las secciones sindicales que condiciona el percibo de la retribución variable a estar en alta en la empresa hasta la fecha final de devengo del complemento, es válido porque su tenor literal exige que tal bonus se calcule sobre la base de los objetivos alcanzados el 31 de diciembre de cada ejercicio, salvo que por causa ajena a la voluntad del empleado este no pueda continuar prestando servicios en la empresa en dicha fecha. Por eso, si el trabajador voluntariamente causa baja en la empresa, no tiene derecho a su abono.
Se cumple el requisito de 6 años de vinculación con la empresa exigidos para jubilarse parcialmente de forma anticipada, cuando el solicitante es un Consejero Administrador sin control efectivo de la compañía.
Aunque solo se haya solicitado el reconocimiento judicial de la IPT, si el trabajador tiene más de 55 años no es incongruente reconocer judicialmente el incremento del 20% correspondiente a la IPT cualificada.
No es posible atender a la invitación al pago de las cuotas adeudadas al RETA mediante la compensación con la propia pensión que pudiera reconocerse pues eso equivaldría a un aplazamiento de las cuotas adeudadas posterior al hecho causante.
Se aprueban nuevas medidas tributarias para responder a la incidencia del COVID-19 en el ámbito de las actividades económicas.
Se reduce a 3 meses la antigüedad exigida para deducir las pérdidas por deterioro de los créditos derivadas de las posibles insolvencias de deudores. Se excluye de la aplicación del régimen de transparencia fiscal internacional a la entidad no residente o al EP que sea residente o se sitúe en otro Estado miembro que forme parte del Acuerdo del Espacio Económico Europeo, cuando se cumplan los requisitos exigidos al efecto.
