Es procedente el despido por ineptitud sobrevenida de un trabajador que no dispone de la titulación requerida para el desempeño del puesto, pese a tener 5 años de experiencia acreditada, y no ser un requisito necesario en el momento de la contratación inicial, pero sí posteriormente.
El trabajador puede solicitar la resolución indemnizada de su contrato de trabajo por impago de salarios, aunque el empresario haya comunicado a los clientes el cese total de la actividad por liquidación y conceda a la plantilla un permiso retribuido por tiempo indefinido, pero debiéndoles varios meses de salario. Esta actuación empresarial no puede considerarse como un despido ni expreso ni tácito, sino que con ello únicamente se trata de eludir la extinción de las relaciones laborales.
Se considera grave y, por tanto, causa de rescisión del contrato un retraso medio de 10,5 días mantenido durante 1 año. La reiteración en los retrasos no supone un consentimiento tácito de los trabajadores. No puede exigirse al trabajador que asuma y se adapte al retraso sólo porque este se reitere en el tiempo de manera previsible.
El TS reitera su doctrina y califica como improcedente, y no como nulo, el despido objetivo por causas ETOP o de fuerza mayor basado en circunstancias excepcionales derivadas de la COVID 19 y la declaración del estado de alarma.
Es abusiva una cláusula de rendimiento mínimo impuesta unilateralmente por la empresa que prevé la extinción automática del contrato por bajo rendimiento continuado del trabajador, sin tener en cuenta factores objetivos o subjetivos que pudieran haber influido en el bajo rendimiento.
Se califica como improcedente, y no como nulo, el despido por causas ETOP o por FM fundamentado en las circunstancias excepcionales derivadas del COVID-19 y la declaración del estado de alarma, pero efectuado sin una causa válida. Solo será nulo si existe algún dato específico que así lo justifique (vulneración de un derecho fundamental, elusión de las normas procedimentales sobre despido colectivo, concurrencia de una circunstancia subjetiva generadora de especial tutela).
El cese trabajador por jubilación forzosa sustentado en un convenio colectivo que carece de efectos el momento de la decisión extintiva constituye un despido improcedente.
Es válida la cláusula de rendimiento mínimo que establece la posibilidad de extinguir el contrato de trabajo si el trabajador no alcanza un determinado porcentaje de ventas, en relación con la media de producción mensual conseguida por todos los trabajadores, siempre que no sea abusivo y se respeten los límites normales o ajustados a los principios de la buena fe.
Con el fin de evitar la destrucción del empleo y del tejido empresarial, se prorroga hasta el 31-12-2022, que las empresas beneficiarias de las ayudas directas no puedan justificar despidos objetivos basados en el aumento de los costes energéticos. El incumplimiento de esta obligación conlleva el reintegro de la ayuda recibida.
No es obligatorio reflejar la cuantía de la indemnización en la carta de despido objetivo por causas económicas cuando, como consecuencia de la propia situación económica, la empresa indica que no puede poner la indemnización a disposición del trabajador en ese mismo momento.
