No es obligatorio para la tramitación del proceso de conflicto colectivo acudir al intento de conciliación o mediación previa previsto en el CCol ante la comisión paritaria, cuando la discrepancia excededel ámbito interpretativo del convenio.
En el cálculo de la indemnización por despido de un falso contratado administrativo, cuya relación jurídica con un Ayuntamiento se considera laboral, no han de incluirse las cantidades percibidas en concepto de IVA, pues son cantidades extrasalariales. Una vez deducido el IVA, si la trabajadora percibió una cantidad por un período de 18 meses hay que calcular el salario mes dividiendo la misma entre 18 para luego obtener el salario día (resultado de multiplicar por 12 el importe mensual y dividirlo entre 365).
Las bases normalizadas de cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes para cada una de las categorías y especialidades profesionales en cada zona minera han sido fijadas con efectos retroactivos desde el 1-1-2014
Existe incongruencia omisiva, anulándose por el TS la sentencia de suplicación a fin de que se dicte una nueva que resuelva sobre el grado de incapacidad inferior subsidiariamente pretendido, cuando no hubo pronunciamiento alguno sobre esta pretensión al limitarse a estimar el recurso revocando la sentencia de instancia que había reconocido el grado de incapacidad permanente total para la profesión habitual.
Convenios colectivos
La consideración de crédito contra la masa sólo afecta a los honorarios correspondientes a la solicitud y declaración de concurso, y para su cuantificación no resultan vinculantes las normas sobre honorarios del Colegio de Abogados.
Desde 29-9-2013 los límites a considerar para determinar si una sociedad puede formular balance abreviado son los previstos en la L 14/2013.
Si la minoría de socios ha solicitado designación registral de auditor el depósito de cuentas no se puede practicar sin el informe de auditoría.
Novedades legislativas autonómicas en materia de urbanismo y ordenación del territorio.
Autorización estatal para aprobar un texto refundido de la Ley del suelo.
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