La orden empresarial al trabajador de cese en las funciones superiores que realiza no tiene contenido si no va acompañada de mecanismos para que no continúe en su ejercicio ni supone una alteración decisiva que impida el efecto positivo de cosa juzgada de reclamaciones por diferencias salariales anteriores.
Se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a las actividades de promoción del trabajo autónomo y para sufragar los gastos de funcionamiento de las asociaciones de trabajadores autónomos de ámbito estatal.
Se adapta la normativa foral a lo establecido en territorio común, destacando entre las novedades la prórroga de los tipos reducidos del 0% de ciertos alimentos, así como la inclusión del aceite de oliva en el grupo de alimentos que pueden aplicar el tipo superreducido a partir del 1-1-2025.
La Administración no puede fundamentar la culpabilidad del contribuyente en el hecho de que sea abogado y profesor de Derecho Tributario.
Con fecha 30-9-2024, entra en vigor la nueva regulación de la Comisión Superior de Hacienda de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y se deroga el D Castilla-La Mancha 112/1998.
Con carácter general, la actividad de administrador o miembro del consejo de administración realizada por una persona física no está sujeta al impuesto.
La existencia de un certificado de residencia fiscal expedido por las autoridades competentes de un Estado a los efectos del CDI, no impide que concurriendo también en el contribuyente las circunstancias que determinan la condición de residente fiscal en España, por radicar aquí el núcleo de sus actividades e intereses económicos, se produzca un caso de conflicto de residencia, y que aplicados los criterios de desempate establecidos en el CDI correspondiente, resulte prevalente su residencia fiscal en España por radicar en nuestro país su centro de intereses vitales.
Aunque el gasto que se ocasione en la transmisión no es deducible, la plusvalía que se genera al valorar los terrenos a valor de mercado está exenta. Adicionalmente se genera derecho a la deducción por donaciones a entidades sin fines lucrativos.
Si se ha considerado inexistente la actividad económica de una sociedad y se han imputado sus rendimientos al socio persona física, el principio de íntegra regularización impone a la Administración competente para liquidar el IP que, si asume la anterior consideración para negar la exención de las participaciones en dicha sociedad, tenga también en consideración el impacto que aquello tiene en la valoración de las participaciones, como consecuencia de la variación del valor del patrimonio neto.
Los intereses indemnizatorios (en general) se integran en la base imponible general.
