Cuando se produce el cese de una contrata en el sector de la limpieza y la actividad es asumida por un trabajador autónomo sin trabajadores a cargo, no se aplica la obligación de subrogación impuesta por el convenio colectivo.
La empresa es responsable de la brecha de seguridad producida por la actuación negligente de un empleado del departamento de RRHH, que envía por error a otro trabajador un email con un archivo adjunto, sin cifrar, que contiene las nóminas de todos los empleados.
El dies a quo para el ejercicio de una acción para impugnar una sanción de suspensión de empleo y sueldo se fija desde el momento en que la acción puede ejercitarse, que es aquel en que se comunica al trabajador la sanción, no desde la fecha de efectos como sucede en los casos de despido, por lo que resulta irrelevante que en la comunicación no conste la fecha en que se va a iniciar la ejecución de la sanción.
El TJUE declara contraria al derecho de la UE la normativa española sobre extinción colectiva del contrato por jubilación del empresario persona física. Considera que cuando las extinciones de contratos superen el número establecido, deben tramitarse como un despido colectivo, con la información y consulta a los representantes de los trabajadores. Diferencia este supuesto de la extinción del contrato por fallecimiento del empresario.
Los intereses indemnizatorios (en general) se integran en la base imponible general.
Si se ha considerado inexistente la actividad económica de una sociedad y se han imputado sus rendimientos al socio persona física, el principio de íntegra regularización impone a la Administración competente para liquidar el IP que, si asume la anterior consideración para negar la exención de las participaciones en dicha sociedad, tenga también en consideración el impacto que aquello tiene en la valoración de las participaciones, como consecuencia de la variación del valor del patrimonio neto.
Aunque el gasto que se ocasione en la transmisión no es deducible, la plusvalía que se genera al valorar los terrenos a valor de mercado está exenta. Adicionalmente se genera derecho a la deducción por donaciones a entidades sin fines lucrativos.
La existencia de un certificado de residencia fiscal expedido por las autoridades competentes de un Estado a los efectos del CDI, no impide que concurriendo también en el contribuyente las circunstancias que determinan la condición de residente fiscal en España, por radicar aquí el núcleo de sus actividades e intereses económicos, se produzca un caso de conflicto de residencia, y que aplicados los criterios de desempate establecidos en el CDI correspondiente, resulte prevalente su residencia fiscal en España por radicar en nuestro país su centro de intereses vitales.
Con carácter general, la actividad de administrador o miembro del consejo de administración realizada por una persona física no está sujeta al impuesto.
Con fecha 30-9-2024, entra en vigor la nueva regulación de la Comisión Superior de Hacienda de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y se deroga el D Castilla-La Mancha 112/1998.
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