El plazo de 3 meses para solicitar la ejecución de la sentencia de despido colectivo por parte de un trabajador debe computarse desde la fecha de su firmeza y no desde el momento en que el recurrente dice haber tenido conocimiento de la misma.
La normativa española que prohíbe acumular dos pensiones de IPT causadas en el mismo régimen de Seguridad Social, pero permite tal acumulación cuando dichas pensiones se causen en regímenes distintos puede ser discriminatoria, si sitúa a las trabajadoras en desventaja con respecto a los trabajadores.
No se puede imponer la realización de pruebas PCR a los trabajadores en base a un protocolo de actuación de la Administración que no cumple los requisitos de validez de una norma jurídica y del que no consta su publicación oficial
Supone una dilación indebida, contraria al derecho a la tutela judicial efectiva que un juzgado de lo social demore el señalamiento del juicio, 3años y casi 5 meses después de la presentación de una demanda de reclamación de una cantidad, aunque ese plazo se redujera a casi 2 años en señalamiento anticipado, que también superaba con creces los tiempos medios de resolución (no de mera citación para juicio) en asuntos equivalentes. El TCo valora que se trata de un juicio que carece de especial complejidad y que, sin embargo, supone un significativo impacto en los derechos del recurrente. Esta demora no puede justificarse en motivos estructurales o por sobrecarga de trabajo no imputable al órgano judicial, como alega el juzgado, pues el ciudadano es ajeno a tales circunstancias.
La empresa no puede oponerse a la constitución de la sección sindical estatal de empresa argumentando que la posibilidad de optar para ello entre la empresa o el centro de trabajo no es algo que quede al arbitrio del sindicato ni que la organización sindical esté obligada, a la hora de configurar una sección sindical, a seguir el mismo esquema que se haya establecido para la configuración de la representación unitaria, ya que la jurisprudencia señala todo lo contrario. Tampoco puede alegar que se hayan incumplido los estatutos del sindicato, cuya defensa queda reservada a la propia entidad sindical.
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