El procedimiento adecuado para reclamar por diferencias en la indemnización por despido colectivo concluido con acuerdo, no es el ordinario por impago de cantidad, sino el mismo proceso de despido cuando existen discrepancias respecto a la antigüedad u otros conceptos en el salario regulador, pues se trata de un elemento esencial para su determinación, y no una mera discrepancia de cálculo.
Frente a la imposición de la sanción de extinción por no haber comunicado el perceptor de desempleo su salida al extranjero, no se pueden presentar ulteriores reclamaciones previas una vez firme la resolución por transcurso del plazo para interponer la misma.
Se adapta la normativa tributaria alavesa a las diversas modificaciones introducidas en el IVA y en el interés de demora por la Ley de Presupuestos Generales del Estado
El Tribunal Supremo declara, sin apreciar contradicción, que los plazos señalados por meses se computan de fecha a fecha, iniciándose el cómputo al día siguiente de la notificación o publicación del acto, y venciendo el día correlativo mensual al de la notificación.
La falta de un vínculo jurídico directo entre los servicios prestados y la exportación impide que a los servicios prestados, aunque necesarios para su operativa, les sea de aplicación la exención prevista para la operaciones de exportación fuera de la UE.
Para que el arrendamiento de inmuebles se considere actividad económica, el requisito exigido de tener contratada a una persona empleada con contrato laboral a jornada completa no se entiende incumplido durante el tiempo en que dicho empleado está de baja por incapacidad temporal.
Si por aplicación de la doctrina del levantamiento del velo las rentas del arrendamiento de un inmueble se imputan al socio último de la entidad titular del mismo, la renta derivada de su transmisión también debe imputarse al socio, debiendo efectuar los ajustes extracontables que procedan para determinar la base imponible en el IS, al no existir hecho imponible en dicho impuesto.
Para que el arrendamiento de inmuebles se considere actividad económica, el requisito exigido de tener contratada a una persona empleada con contrato laboral a jornada completa no se entiende incumplido durante el tiempo en que dicho empleado está de baja por incapacidad temporal.
