Riders: relación laboral o TRADE

Se discute sobre la naturaleza jurídica de la relación que une a los repartidores con los intermediarios de las plataformas colaborativas que ha dado lugar a dos pronunciamientos contradictorios en sendos Tribunales Superiores de Justicia, considerando en un caso la existencia de relación laboral y en el otro, la de TRADE.

Disciminación en el cálculo de la antigüedad de los trabajadores fijos discontinuos a efectos de la percepción de trienios

Se considera que es discriminatorio por razón de sexo la normativa y práctica empresarial conforme a las cuales, en el caso de los trabajadores fijos discontinuos, solo se computan, a efectos del cálculo de la antigüedad requerida para poder percibir trienios en concepto de complementos retributivos, los períodos efectivamente trabajados, excluyéndose por tanto los períodos en los que no se ha trabajado, mientras que esta normativa y esta práctica no se aplican en el caso de los trabajadores a tiempo completo.

Adaptación de la jornada de trabajo mediante teletrabajo

El trabajador puede solicitar la prestación a distancia de parte del trabajo como medida de adaptación de la jornada de trabajo para hacer efectivo el derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral. La negativa o limitación por parte de la empresa, cuando no acredita que existan razones organizativas o productivas justificadas, puede generar indemnización por daño moral que debe cuantificarse utilizando la LISOS.

Libre prestación de servicios y desplazamiento: imposición de multas desproporcionadas en el Estado de destino

Vulnera la libre prestación de servicios una normativa nacional (austriaca) que imponía multas desproporcionadas a las empresas involucradas en un desplazamiento de trabajadores a Austria desde Croacia. Se impuso a la contratista austríaca y subcontratista croata sanciones por ausencia de las autorizaciones administrativas pertinentes y la no conservación de los documentos salariales. Se valora negativamente que las multas austríacas, que ascendían a varios millones de euros, no tenían un importe máximo predefinido, se acumulaban sin límite por trabajador afectado y no podían ser inferiores a determinada cuantía. Además, por un lado, la desestimación del recurso contra su imposición obligaba a abonar un 20% del monto de la multa a modo de costas y, por otro lado, si se impagaban se convertían en penas privativas de libertad.