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Libre prestación de servicios y desplazamiento: imposición de multas desproporcionadas en el Estado de destino

Una empresa austríaca contrató para la reparación y restauración de una de sus calderas a una empresa de su misma nacionalidad (Andritz AG) que, a su vez, subcontrató a una empresa croata (Bilfinger) el desmontaje y montaje mecánico de la caldera. Con ese fin la empresa croata desplazó trabajadores a Austria, recibiendo confirmaciones de desplazamiento por parte de las autoridades austríacas. No habiendo terminado a tiempo su trabajo, la contratista y la subcontratista acordaron con otra empresa croata (Brodmont), su terminación. Esta última empresa desplazó nuevos trabajadores y se hizo cargo de los desplazados previamente por Bilfinger a la obra.
La policía financiera austríaca hizo una inspección, y consideró que no era un desplazamiento sino una puesta a disposición transfronteriza de mano de obra entre Brodmont y Andritz. Aunque no había vulneración del abono del salario mínimo exigible, se detectaron algunas irregularidades:
Por un lado, que la empresa croata no había facilitado a la empresa austríaca los documentos salariales y que esta no conservaba, tal y como exigía la norma.
Por otro lado, que no se habían obtenido las autorizaciones administrativas de desplazamiento de los 200 trabajadores croatas, serbios o bosnios encontrados por la inspección en la obra. Por ambos motivos, se impuso al administrador de la empresa croata una multa de 3.255.000 € y a los administradores de la empresa austríaca multas por 2.604.000 y 2.400.000. Multas que, además, podían convertirse en penas privativas de libertad si no se abonaban.
En el marco del pleito de impugnación de las multas frente a la administración austríaca, el tribunal austríaco suspendió el pleito y planteó cuestión prejudicial ante el TJUE sobre la interpretación del derecho a la libre prestación de servicios (TFUE art. 56); la directiva de desplazamiento (Dir 96/71/CE); la aprobada para garantizar su cumplimiento (Dir 2014/67/UE); así como los derechos fundamentales de la UE sobre el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial (CDFUE art. 47) y el relativo a los principios de legalidad y de proporcionalidad de los delitos y las penas (CDFUE art. 49).
El TJUE confirma que:
1. Las medidas de control impugnadas pertenecen a la Dir 2014/67/UE que no era aplicable en el momento de la infracción; sin que estén incluidas en la Directiva de desplazamiento (Dir 96/71/CE). Tampoco es aplicable la Directiva sobre libre prestación de servicios que excluye de su ámbito de aplicación el desplazamiento de los trabajadores (Dir 2006/123/CE). Todas esas normas no son relevantes para solucionar la cuestión prejudicial.
2. Las medidas de control impuestas por la norma austríaca son restricciones a la libre prestación de servicios que la hacen menos atractiva, al igual que las normas sancionadoras asociadas a su incumplimiento.
3. La protección social de los trabajadores, la lucha contra el fraude (en particular en el ámbito social) y la prevención de los abusos son razones imperiosas de interés general que pueden justificar una restricción de la libre prestación de servicios (ver TJUE 13-11-18, asunto Celpelnik C-33/17 apdo 44).
4. En todo caso, estas medidas deben ser proporcionadas, la gravedad de la sanción debe adecuarse a la infracción y no exceder de lo necesario para lograr sus objetivos. Este es el requisito que no cumplen las normas austríacas, pues se considera que los objetivos de la norma se podrían garantizar con sanciones inferiores a las impuestas. En efecto, se valora negativamente:
a. Lo elevado de la cuantía (varios millones de euros aunque se habían impuesto en su grado mínimo).
b. La acumulación ilimitada de las multas cuando afecta a varios trabajadores.
c. La imposibilidad de que pudieran ser inferiores a un límite predefinido, lo que impide modular la sanción aunque no concurra especial gravedad.
d. La imposición de un recargo del 20% de la sanción si se desestima el recurso frente a las multas a modo de costas del procedimeinto.
e. La previsión de que en caso de impago se impone una pena sustitutiva de privación de libertad de carácter especialmente severo.
Considerándose que la norma austríaca iba más allá de lo necesario para garantizar el cumplimiento de las obligaciones del Derecho laboral relativas a la obtención de autorizaciones administrativas y a la conservación de documentos salariales, se confirma que es contraria a la libre prestación de servicios. Sin que el TJUE entienda necesario examinar la compatibilidad de tal norma nacional con la Carta de Derechos Fundamentales.

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