2 Ce L C.Valenciana 5/2025, DOGV 12-6-25
La obtención y uso de imágenes públicas en redes sociales, cuando la persona trabajadora etiquetada no objeta su difusión, no vulnera el derecho fundamental a la propia imagen ni a la intimidad, pudiendo ser legítimamente utilizada por la empresa incluso para justificar un despido disciplinario.
En los supuestos de entidades vinculadas, si se cumplen los requisitos exigidos, la norma permite que una Dependencia Regional de Inspección desarrolle actuaciones respecto de un obligado tributario cuyo domicilio fiscal está situado fuera de su ámbito competencial, entendiéndose suficientemente motivado el acuerdo de extensión de competencias con la acreditación de dichos requisitos.
El Tribunal Supremo se pronuncia de nuevo sobre la posibilidad de alegar defectos en actos firmes previos en el momento de impugnación de las sanciones administrativas dada la estrecha vinculación con liquidaciones dictadas por la Administración.
Se declara inconstitucional y nula la LF Navarra 2/1995 art.175.2, en su redacción vigente en abril 2015, por contravenir injustificadamente el principio de capacidad económica como criterio de imposición.
Es accidente de trabajo el infarto de un trabajador en el vestuario al llegar al trabajo, cuando ya ha realizado funciones laborales, como arrancar el camión y cargar las cámaras de visionado en el mismo.
En los contratos para la formación y el aprendizaje el mero incumplimiento de la persona trabajadora de su obligación de realizar la formación teórica puesta a su disposición por la empresa no implica, per se, la concurrencia de fraude de ley en la contratación, siempre que la empresa hubiera cumplido sus obligaciones de coordinación, seguimiento y apoyo a la actividad formativa desarrollada por el trabajador.
La DGT cambia de criterio y asume el del TEAC al considerar que el diferimiento en la tributación de las rentas generadas en la operación puede regularizarse.
España notifica al Secretario General de la OCDE que ha concluido sus procedimientos internos en relación con el convenio fiscal expuestos más abajo, al objeto de que surtan efecto las disposiciones del Convenio Multilateral BEPS.
Los servicios de psicoterapia prestados por un terapeuta por videoconferencia no tienen la condición de servicios electrónicos; no se les puede calificar como asesoramiento, por lo que se entiende realizados en sede del prestador y, solo en caso de que tengan finalidad terapéutica, de diagnóstico y prevención o tratamiento de una enfermedad, estarían exentos.
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