En el modelo 576, de autoliquidación del impuesto especial sobre determinados medios de transporte se subsanan errores relativos al plazo de presentación y otros de carácter técnico.
En caso de distintos accidentes en el tiempo que afectan a los dos ojos, la responsabilidad de las respectivas mutuas es compartida si se trata de una concurrencia de lesiones que producen ambas una incapacidad, aunque sea de distintos grados, pero no si el primer accidente produce lesiones permanentes no invalidantes y el segundo una incapacidad, al tratarse de un agravamiento.
Las acciones percibidas por una persona acogida al régimen fiscal especial de desplazados, por trabajos efectuados íntegramente antes de su desplazamiento a territorio español, no están sujetas a tributación en nuestro país.
La Audiencia Nacional considera que la denegación de la deducibilidad del gasto por incumplimiento de la normativa mercantil, es un abuso de formalidad contrario al espíritu de la norma.
Si existe infracotización parcial, la empresa es proporcionalmente responsable de la prestación causada por un accidente ocurrido mientras dura ese incumplimiento.
Se crea la Agencia Estatal de Salud Pública, órgano adscrito al Ministerio de Sanidad, a fin de reforzar las capacidades del Estado para mejorar la salud de la población, la equidad en salud y su bienestar, y protegerla frente a riesgos y amenazas sanitarias.
Se configura como el marco de referencia para la coordinación y ejecución de las políticas de apoyo activo al empleo en toda España en 2025, sirviendo como base compartida a partir de la cual los diferentes servicios públicos de empleo deben diseñar y gestionar sus propias políticas.
En las relaciones laborales especiales entre cooperativas de trabajo asociado y sus socios trabajadores, la interposición de una demanda judicial exige el agotamiento previo de la vía cooperativa interna establecida en los estatutos sociales. Este requisito no puede ser suplido por la conciliación administrativa ante órganos externos, cuya interposición no suspende el cómputo de los plazos de prescripción o caducidad de la acción.
En la determinación del ajuar, los inmuebles destinados a vivienda habitual o al uso residencial del causante, son todas aquellas viviendas y anejos que se pueden destinar a satisfacer las necesidades continuadas (vivienda habitual) u ocasionales (segunda y ulteriores viviendas) de residencia, y la suma del valor de las mismas constituye la base sobre la que aplicar el porcentaje del 3% para calcular el valor del ajuar doméstico. Sin embargo, no deben considerarse afectos al uso personal del causante los inmuebles arrendados, ni los cedidos gratuitamente a familiares o a terceros en el momento del devengo, porque la previsible falta de residencia del causante en los mismos permite deducir la ausencia de bienes de su ajuar en el mismo.
El procedimiento establecido en la normativa nacional para modificar la base imponible en el caso de créditos incobrables es acorde a lo establecido en la normativa europea.
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