La deducción de las cuotas soportadas del impuesto es un derecho del sujeto pasivo y no una opción. El contribuyente puede optar a rectificar su autoliquidación e instar la devolución de ingresos indebidos.
El ámbito objetivo de la aplicación del tipo 0% coincide con los productos que antes se encontraban sujetos al tipo 4%. La aplicación de este tipo no limita el derecho a la deducción de las cuotas soportadas.
Siempre que el contrato tenga todos los datos necesarios para que la Administración pueda determinar si se cumplen los requisitos materiales para la deducción, el contrato, puede tener la consideración de factura.
Se aplica de manera provisional este acuerdo, por el cual España concede una serie de, entre otras, inmunidades fiscales tanto para sus operaciones, como para sus empleados y bienes o activos necesarios para poder operar y llevar a cabo el cumplimiento de sus fines en España.
Las cuotas soportadas por las prestaciones adquiridas a terceros por la sociedad de cartera para ser cedidos a sus filiales a cambio de una participación en los beneficios generales, no son deducibles, al estar relacionados con la actividad exenta de sus filiales, no tener incidencia en el precio de las operaciones sujetas y no formar parte de los gastos generales.
La aplicación del régimen especial de bienes usados imposibilita que las cuotas soportadas sean deducidas.
No ejercido en plazo el derecho a deducir las cuotas soportadas impide que en una regularización posterior estas sean deducidas, aun cuando no se haya constatado abuso de derecho o fraude.
Vencido el plazo máximo en que las cuotas soportadas en exceso y consignadas en la declaración liquidación pueden ser compensadas, el sujeto pasivo puede solicitar su devolución dentro del plazo de prescripción.
Que el sujeto pasivo no hubiera consignado en declaraciones-liquidaciones posteriores las cuotas corregidas por la Administración, supone que haya prescrito el derecho a su devolución.
La norma del impuesto no se opone a la denegación de la devolución del impuesto de un no residente, cuando este no aporta en plazo los documentos solicitados, pero los aporta en fases del procedimiento posteriores.
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