Algunas deudas contraídas por el causante en calidad de fiador, vigentes en el momento de producirse la muerte, pueden resultar deducibles.
Cuando la TGSS considere que una actividad profesional es simulada o fingida, la vía para anular el alta del beneficiario no es la revisión de oficio sino la formulación de la correspondiente demanda ante el órgano competente de la Jurisdicción Social.
La sola inasistencia al trabajo durante tres días consecutivos no es suficiente para presumir o entender la voluntad de dimitir de una relación laboral. Ante este incumplimiento de la obligación de trabajar, el empresario puede acudir al despido disciplinario en lugar de presuponer una voluntad de dimisión.
El obligado al pago del IIVTNU en virtud de pacto o contrato con el sujeto pasivo del tributo, se encuentra legitimado para instar la rectificación de la autoliquidación tributaria y la devolución del eventual ingreso indebido derivado de aquélla.
Para el cálculo de los umbrales del despido colectivo han de tomarse parámetros equivalentes en relación con la plantilla y el número de extinciones a computar. No es posible mezclar unidades de referencia y tener en cuenta el grupo laboral de empresas a los efectos de cuantificar las extinciones que en el periodo de 90 días se han llevado a cabo, pero con referencia a la plantilla de la empresa en la que presta servicios el trabajador despedido.
En una compraventa en la que el transmitente es un no residente que adquirió el terreno mediante herencia, el adquirente del terreno, como sustituto del contribuyente, puede acreditar la inexistencia de incremento de valor o de un incremento de valor inferior a la base imponible del IIVTNU calculada por el método objetivo, tomando como valor de adquisición el valor declarado a efectos del ISD, dado que el transmitente sí estuvo sujeto por obligación real al ISD (siempre y cuando no sea inferior al valor comprobado por la Administración).
Los intereses pagados se incorporan como mayor valor de las existencias, por lo que no son gasto hasta que se produzca la baja de las mismas, sin que resulte de aplicación la limitación a la deducibilidad de gastos financieros.
La administración y tribunales nacionales no tienen competencia para cuestionar la validez de los certificados de residencia a efectos de los convenios para evitar la doble imposición emitidos por las autoridades competentes de otros países con los que España tiene un convenio suscrito.
Los principios de seguridad jurídica y efectividad no se oponen a una legislación nacional que suspende los plazos de prescripción durante todo el control judicial, con independencia de la frecuencia en que esta se produzca.
Las bajas voluntarias de los trabajadores de una contrata para ser al día siguiente contratados por la contrata entrante computan a efectos de alcanzar los umbrales del despido colectivo, pues evidencia la existencia de un fraude por la empresa con el objetivo de evitar la tramitación del procedimiento colectivo.
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