La responsabilidad del pago de la indemnización por extinción del contrato por acoso laboral y vulneración de derechos fundamentales recae, exclusivamente, en el empresario, aunque el administrador único responsable del acoso sea condenado solidariamente, junto con la empresa, al abono de la indemnización por vulneración de derechos fundamentales.
Si el beneficiario percibe una cantidad de dinero a tanto alzado cuya cuantía no le permite obtener unas rentas periódicas que superen el 75% del SMI, excluida la parte proporcional de las pagas extras, se suspende el subsidio durante el periodo de tiempo en que ese ingreso le ha permitido subvenir sus necesidades.
El TSJ Las Palmas ha concluido que la empresa no puede justificar el despido disciplinario de un trabajador por los insultos vertidos a través del canal interno de denuncias, ya que no van dirigidos a una persona concreta, sino a los canales abiertos en la empresa para la presentación de quejas, lo que les priva de trascendencia pública e impide apreciar un ataque frontal al honor.
El TSJ no tiene competencia objetiva para conocer de un despido que afecta a los 11 trabajadores de un centro de trabajo, teniendo la empresa más de 2.000 trabajadores. Que se proceda a la extinción de todos los contratos de trabajo de dicho centro no supone que se esté ante un despido colectivo, pues la unidad de cómputo de despido es el centro de trabajo cuando éste emplea a más de 20 trabajadores. El supuesto de despido colectivo de toda la plantilla de la empresa requiere el cese de su actividad empresarial, lo que no ocurre en este caso.
La determinación del valor de transmisión de valores no admitidos a negociación a partir del valor teórico resultante del balance correspondiente al último ejercicio cerrado con anterioridad a la fecha de devengo del impuesto (LIRPF art.37.1.b) no admite una corrección de valor extracontable por el deterioro no contabilizado de un crédito ni, en general, cualquier tipo de corrección.
La DGT tiene en cuenta el criterio del Tribunal Supremo, pero mantiene el suyo y considera que solo es posible su consignación y aplicación mediante la rectificación de autoliquidaciones.
Las cuotas del IAE deben satisfacerse en aquellos municipios donde se desarrollan las actuaciones de gestión para la prestación de los servicios. Por tanto, cuando se prestan servicios en determinados municipios, pero no se dispone de local en ellos, no se está obligado a satisfacer cuotas por este impuesto en los mismos.
La entrega por una SOCIMI de acciones totalmente liberadas a los accionistas personas físicas residentes en España en una operación de scrip dividend, no supone la obtención de ingreso o renta alguna para aquellos, por lo que la SOCIMI no cumpliría con el requisito de distribución de resultado previsto en la L 11/2009 art.6.
La declaración de fallido del deudor principal es meramente formal cuando presente un déficit de motivación o de razonamientos, en relación con la ausencia o insuficiencia de patrimonio del obligado principal para hacer frente a la deuda tributaria, de tal magnitud que prive a dicha declaración de todo contenido material, equiparándola a su inexistencia.
Tras la rectificación de la propuesta de liquidación inicial, es necesaria una nueva propuesta de sanción rectificada, teniendo que ser concedido un nuevo trámite de alegaciones.
