Se desarrollan las obligaciones de información sobre monedas virtuales situadas en el extranjero y sobre los saldos y operaciones con este tipo de monedas. Además, se aprueban los modelos para cumplir con las obligaciones señaladas.
Si en el precontrato se acuerda el abono de un bonus condicionado a la permanencia del trabajador en la empresa durante un año y esto no se refleja de forma clara y precisa en el contrato de trabajo, el trabajador no está vinculado por tal condición, aunque se haya producido el pago efectivo del bonus.
En el caso de la jubilación flexible es posible compatibilizar la pensión con el desarrollo de un trabajo a tiempo parcial de menor entidad que la mínima admisible a efectos de jubilación parcial. Sin perjuicio de la eventual sanción que proceda, la ausencia de comunicación de la referida circunstancia comporta el deber de reintegrar la prestación indebidamente percibida, aplicándose la proporcionalidad inversa a la minoración de jornada experimentada.
Los empleados prejubilados tienen derecho a que el banco efectúe las aportaciones ordinarias y adicionales al plan de pensiones correspondientes al periodo en que han estado suspendidas, conforme establece el plan de recuperación, pero no a las extraordinarias acordadas para quienes se mantuvieran en activo o causasen baja durante la suspensión o a partir de entonces y antes de finalizar el periodo de recuperación.
Los trabajadores varones tienen derecho a permiso para acudir a las técnicas de preparación al parto, pero no así para la realización de exámenes prenatales, configurado como un derecho de maternidad y no de conciliación.
Con entrada en vigor el 26-11-2023, se modifica la normativa autonómica en materia de incremento del mínimo personal y familiar y de deducciones. Entre las novedades, destaca la aprobación de dos nuevas deducciones, por nacimiento y por adopción.
El pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado los recursos de inconstitucionalidad presentados por la Junta de Andalucía y la Xunta de Galicia contra el Impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas.
Se ha adaptado la normativa del IP de Baleares a lo que dispone la sentencia del TJUE 3-9-14, asunto C-127/12.
El recargo del 30% por incumplir las medidas de seguridad y salud laboral, debe considerarse como una sanción administrativa, no deducible.
