En los últimos años, se ha ido modificando la forma de relacionarse con la Administración, introduciéndose, poco a poco, la comunicación vía telemática. En este sentido, se hace necesaria la firma electrónica, que puede ser criptográfica, caracterizada por tener como base un algoritmo o fórmula matemática, y regulada con el proyecto Cl@ve firma, como la no criptográfica.
A partir del 18-7-2017, entran en vigor las condiciones de uso de la firma electrónica no criptográfica, en las relaciones de los interesados con los órganos administrativos de la Administración General del Estado y sus organismos públicos.
El objetivo es complementar los sistemas de firma criptográfica sencilla para los ciudadanos, con un sistema de seguridad e integridad suficiente para los procedimientos en los que se requiera.
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