Disolución de una comunidad con adjudicación a la sociedad de gananciales (RF 08/25 18 de Febrero de 2025 al 24 de Febrero de 2025)

La Dirección General de Tributos cambia su criterio respecto a la tributación en caso de extinción de un condominio, en el que adjudica a uno de los condueños la partición del bien indivisible a cambio de dinero, considerándolo como no sujeta a TPO.

Prueba indiciaria de la simulación tributaria (RF 08/25 18 de Febrero de 2025 al 24 de Febrero de 2025)

Corresponde a la Administración probar la simulación alegada, para lo cual debe acreditar que el contrato presuntamente simulado constituye una declaración deliberadamente disconforme con la auténtica voluntad de las partes con la finalidad de ocultación a terceros, en este caso, la Agencia tributaria.

Actuación temeraria del trabajador ante un principio de infarto (RS 08/25 18 de Febrero de 2025 al 24 de Febrero de 2025)

No atender las indicaciones del centro de salud de acudir al hospital el día anterior, dada la proximidad temporal entre ese momento y el de manifestación del infarto, constituye una actuación temeraria que excluye que el trabajo sea factor desencadenante y, por tanto, que constituya un accidente de trabajo.

Conflicto entre derecho al honor y la libertad de expresión en el contexto de la pandemia (RS 08/25 18 de Febrero de 2025 al 24 de Febrero de 2025)

La libertad de expresión del trabajador prevalece sobre el derecho al honor del director del centro cuando las manifestaciones se refieren a asuntos de interés público y están fundamentadas en hechos verídicos, siempre que no contengan expresiones injuriosas. En el contexto de una crisis sanitaria, permitir críticas a la gestión pública en situaciones de interés social refuerza la protección de la libertad de expresión en el ámbito laboral y sanitario.

Despido disciplinario por extralimitarse en el ejercicio de sus funciones (RS 08/25 18 de Febrero de 2025 al 24 de Febrero de 2025)

La conducta de un trabajador que actúa conscientemente al margen de sus competencias y fuera de las funciones encomendadas por la empresa, vulnerando incluso derechos a la protección de datos, no puede calificarse como negligente, a efectos de determinar la gravedad de la infracción cometida, sino que constituye una grave vulneración de la buena fe contractual que justifica el despido.