La existencia de una asimetría en el cómputo del inicio de los plazos de prescripción puede suponer en caso de rectificación fundamentada en una liquidación administrativa, que la Administración liquide bases y cuotas devengadas, mientras se impide la rectificación de la repercusión al obligado tributario, que asumiría el coste de las mismas.
El gasto de luz y gas asumido por el pagador constituye un rendimiento del trabajo adicional a la retribución en especie derivada de la utilización de la vivienda.
El TS fija como doctrina jurisprudencial que en el caso de que en una escritura pública se formalicen la disolución y extinción de una comunidad de bienes dedicada a una actividad empresarial, junto con la segregación y adjudicación de los bienes a cada propietario, se ha de considerar como una única convención a efectos del impuesto.
Con efectos desde el 17-10-2024, debido a la aprobación del nuevo Reglamento de la Abogacía General del Estado, la obligación de este órgano de velar por la observancia de los juzgados y tribunales de la exención de depósitos, cauciones y cualquier otro tipo de garantías pasa a regularse, con idéntico contenido, por el
RD 1057/2024 art.73
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El principio de regularización íntegra obliga a que, si una regularización tributaria afecta al importe de bases imponibles negativas que provienen de ejercicios prescritos, pero se compensan en otros no prescritos, la Administración debe proyectar sobre los no prescritos las consecuencias beneficiosas para el contribuyente detectadas en los mismos ejercicios comprobados.
Se introducen ajustes en relación con los plazos de presentación de las solicitudes de inscripción en el Registro de devolución mensual.
Se aprueba el modelo 322 del Grupo de entidades (modelo individual, autoliquidación mensual), que deben presentar por los sujetos pasivos del IVA que formen parte de un grupo de entidades y hayan optado por aplicar este régimen especial.
Cualquier salida al extranjero, independientemente de su duración, interrumpe la inscripción como demandante de empleo, a menos que se justifique por motivos específicos como razones familiares o deberes públicos.
El TSJ Madrid ha ratificado la procedencia del despido disciplinario de un responsable de formación que imponía un modelo de gestión agresivo y controlador, generando un ambiente de miedo y ansiedad en su equipo, que no se alineaba con los valores de la organización.
No es lícita la cláusula tipo incluida por la empresa unilateralmente en una pluralidad de contratos de trabajo suscritos con los teleoperadores, por la que se exige un rendimiento del 75% respecto de la media de los trabajadores del mismo servicio para no extinguir el contrato sin indemnización alguna.
