Con efectos desde el 23-8-2023, se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Hacienda y Fondos Europeos en este territorio y se deroga el D Asturias 80/2019, por el que se establecía la anterior estructura orgánica básica de la Consejería de Hacienda.
Al responsable se le deriva la responsabilidad de pago de una deuda, frente a la cual, y desde el mismo instante en que se le traslada, se le abre la oportunidad, no sólo de efectuar el pago en período voluntario, sino también de reaccionar frente a la propia derivación de responsabilidad, así como frente a la deuda cuya responsabilidad de pago se le exige.
Se aprueban el modelo 172 de declaración informativa sobre saldos en monedas virtuales y el modelo 173 de declaración informativa sobre operaciones con monedas virtuales y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación.
Con efectos 1-8-2023 se aprueba un nuevo reglamento de régimen jurídico y organizativo de las reclamaciones económico-administrativas que se susciten en el ámbito de la gestión económico-financiera de la Comunidad de Madrid.
Se aprueba el modelo 721 de declaración informativa sobre monedas virtuales situadas en el extranjero estableciendo las condiciones y el procedimiento para su presentación.
Se aprueba la normativa que crea el Registro de Titularidades Reales, y como consecuencia, con efectos 19-9-2023 se modifica el procedimiento de identificación del titular real por parte de los sujetos obligados.
En el caso de que una resolución judicial o económico-administrativa ordene la retroacción de las actuaciones inspectoras por defectos formales, el plazo se computa desde la recepción del expediente por el órgano competente para ejecutar la resolución.
7 Solo se admite, por vía judicial, una única oportunidad a la Administración Tributaria de rectificar sus fallos, sustantivos o formales. La posibilidad de retrotraer las actuaciones del procedimiento para ejecutar debidamente una sentencia no puede conferir a la misma […]
Se modifica esta Ley en relación con, entre otras cuestiones, la extinción judicial de las fundaciones a instancia de su Protectorado.
El Tribunal Supremo considera que la suspensión cautelar de la obligación de información entre particulares, cuando la cesión de información vulnera el régimen jurídico del deber de secreto profesional del intermediario, no debe limitarse a los abogados.
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