Es válido un sistema de GPS que registra cuando arranca y se detiene el vehículo y donde se encuentra físicamente, siempre que no permita captar circunstancia alguna de sus ocupantes. Aunque la geolocalización del vehículo sea permanente, se admite si el análisis del dispositivo limita a la obtención de los trayectos realizados dentro de la jornada laboral del trabajador, obteniendo tan solo la ubicación física del vehículo.
En la copia básica de los contratos es válida la expresión «según pacto» o el salario mínimo del convenio colectivo, no siendo obligatorio que se consigne el salario real pactado.
Se declara despido nulo la extinción del contrato durante el periodo de prueba de un trabajador contagiado de COVID-19 y al que no se le pudo facilitar EPI para evitar el contagio.
La potestad sancionadora en materia de seguridad privada, sin perjuicio de las especialidades previstas en la propia norma reguladora de esta actividad se rige por lo dispuesto en la normativa sobre Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la relativa a Régimen Jurídico del Sector Público y sus disposiciones de desarrollo. Si en 6 meses desde su incoación no hay resolución el procedimiento caduca.
Es proporcional y justificado el precepto del convenio colectivo que obliga a los trabajadores a guardar secreto profesional respecto de todas las informaciones que se conozcan con motivo del desempeño de su actividad laboral, impidiendo su difusión a terceros o en redes sociales.
Se modifica el ET incorporando la doctrina del TS en relación con la laboralidad de la prestación de servicios a través de plataformas digitales. Además, se incorpora una nueva obligación empresarial de información a los representantes de los trabajadores.
El hecho de que un trabajador que se encuentre en situación de guardia localizada no pueda realizar ingestas alcohólicas o el consumo de sustancias estupefacientes como el «haschis» o cannabis, aunque sea de forma moderada, no constituye una intromisión ilegítima en su intimidad
Cuando se produce una vulneración de los derechos fundamentales, el órgano judicial está obligado a pronunciarse sobre la indemnización por daños y perjuicios, aunque el despido se declare improcedente y no nulo. La falta de este pronunciamiento vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva.
Se actualiza la regulación del deber de información por parte de las personas y entidades sin personalidad, entidades financieras, funcionarios públicos, profesionales oficiales y autoridades.
Se publica el Plan Anual de Política de Empleo de 2020 que concreta los objetivos a alcanzar en este año en el conjunto de España y en cada una de las Comunidades Autónomas y contiene el conjunto de los servicios y programas que llevarán a cabo en materia de empleo.
