Una sociedad dedicada al arrendamiento de inmuebles adquiere una vivienda ático con garaje, del que se deduce el 100% del impuesto soportado. Comprobada la operación por parte de Gestión Tributaria, la sociedad les comunica que el inmueble se adquirió con la intención de dedicarlo a una oficina de venta y prestación de servicios, sin que por las circunstancias económicas se haya podido poner en funcionamiento.
La Administración deniega la deducción, al entender que el destino previsible del inmueble es el arrendamiento o la venta, operaciones sujetas y exentas que no permiten la deducción del impuesto.
Recurrida ante el TEAR de Valencia, este entiende que al haberse incluido como un bien más dentro del activo de la empresa, no existir sector diferenciado según el CNAE y habiendo manifestado el contribuyente su intención de afectar el inmueble como un bien de inversión, sin que la Administración haya reunido algún dato que cuestione esa finalidad, la deducción debe seguir la prorrata que existía en su actividad económica, que en este caso es del 100%.
Se abre entonces la posibilidad de acudir al recurso extraordinario de alzada para unificación de criterio, derecho que la Administración ejercita, planteando dos cuestiones:
– Quién debe probar, si el sujeto pasivo o la Administración, el destino previsible del bien a efectos de la deducción.
– Si la deducción está condicionada por el destino previsible (LIVA art.99.2), sin perjuicio de la regularización posterior; o si se debe admitir la deducción sin atender al destino previsible, posponiendo la regularización al momento en que se materializa el destino final.
El TEAC en su resolución estima el criterio de la Administración y fija el siguiente criterio:
1. La carga de la prueba es de quien invoque el derecho a la deducción de cuotas de IVA soportadas (LGT art.105), que deberá probar los hechos constitutivos del mismo, mediante prueba suficiente o argumentos basados en criterios logicos, objetivos y prudentes (TSJ Cataluña 24-4-08, EDJ 97762).
Esta afirmación encuentra su apoyo también en el principio de facilidad probatoria o proximidad al objeto de la prueba, al suponer que el sujeto pasivo está en posesión de la totalidad de los datos objetivos y elementos de prueba y, su no aportación al procedimiento, no puede suponer un beneficio para el sujeto pasivo.
2. Es cuando el sujeto pasivo pretenda ejercer el derecho a deducir las cuotas soportadas o satisfechas en la adquisición de los bienes o servicios, el momento temporal en que debemos determinar el destino previsible, lo que no impide la regularización posterior de la deducción si el destino es finalmente alterado, no estando ajustado a derecho admitir inicialmente el derecho la deducción de las cuotas sin atender al destino previsible en función de las circunstancias concretas de ese momento y posponer la regulación de los mismos al momento en que se materialice el destino efectivo.
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