La externalización de la gestión de la actividad de arrendamiento en el titular de las participaciones de la entidad que se dedica a dicha actividad, o en un despacho de abogados, impide la calificación como económica de la actividad a efectos de la exención en el IP.
La DGT modifica su criterio y a partir del 26-1-2017, considera como sujetos y no exentos al IVA los servicios prestados por abogados y procuradores a los beneficiarios del derecho a la asistencia jurídica gratuita.
Es erróneo el requerimiento de firma física o manuscrita respecto de un escrito de preparación de un recurso de casación para unificación de doctrina presentado vía LexNET, pues la utilización de tal aplicación conlleva necesariamente la firma electrónica del citado documento. La actitud pasiva de la abogada ante tal requerimiento, que no recurrió la diligencia de ordenación, ni presentó escrito alegando el carácter erróneo de la exigencia, no pone fin al recurso en este caso. La Sala IV valora que la negativa a acceder al recurso no vendría de su inicial desidia (sólo presentó recurso de queja) sino de la propia exigencia por parte del TSJ de un requisito redundante y contrario a las normas legales de aplicación. Siempre valorándose la novedad del sistema LexNET que sigue suscitando innumerables interrogantes para los letrados y tribunales.
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