Un bien inmueble no debe calificarse catastralmente, en todo caso, como urbano por estar clasificado así en el planeamiento urbanístico, cuando, a pesar de esa circunstancia, existen indicios razonables sobre la patente desconexión entre la realidad y dicha clasificación.
El cómputo del plazo de prescripción del derecho a solicitar el reembolso del coste de las garantías, en los casos en que la Administración incumple su deber de devolver la garantía de oficio, se inicia en el momento en que se devuelva la misma.
La imposición de la sanción por presentación extemporánea es conforme a Derecho cuando queda confirmada la culpabilidad en la conducta del contribuyente, así como es adecuada motivación del acto sancionador.
La ejecutividad de la resolución administrativa que reconoce el recargo, incluso en el caso de prestaciones no vitalicias como es la IT, consolida el derecho del trabajador a hacerla suya aunque posteriormente se reduzca o anule el derecho por resolución judicial, dada su naturaleza mixta, tanto sancionadora como prestacional.
La finalización del contrato de arrendamiento del local comercial a instancia del arrendador no constituye por sí misma una causa de fuerza mayor para el reconocimiento de la prestación por cese de actividad, especialmente cuando el cese era previsible y el autónomo no ha demostrado haber realizado gestiones para evitar el cierre.
La modalidad contractual adecuada para cubrir el aumento de la carga de trabajo que se produce tras las Navidades, vinculado a la implementación de determinados bonos para la clientela, es el contrato por circunstancias de la producción por incremento ocasional e imprevisible de la actividad, y no el previsto para circunstancias ocasionales pero previsibles con una duración más limitada. La coincidencia de la extinción del contrato a su vencimiento y la situación de IT no implica, automáticamente, discriminación por enfermedad.
El despido de una empleada de hogar tras una intervención quirúrgica que impide temporalmente la prestación de sus servicios, se entiende hecho en circunstancias que vulneran el derecho fundamental a la integridad física o moral del trabajador, por lo que se le declara nulo y debe reconocerse una indemnización por daño moral, con cuantía basada en la LISOS.
