No puede entenderse como consolidada una situación en la que, a la fecha de dictarse y publicarse la sentencia del Tribunal Constitucional (26-10-2021), aún no ha expirado el plazo para interponer recurso contencioso-administrativo frente a la resolución que desestima la reclamación económico-administrativa.
El día final del devengo de intereses de demora, correspondiente a las liquidaciones que derivan de un acta suscrita en disconformidad, es la fecha del acuerdo de liquidación -dictado dentro del plazo del procedimiento inspector-.
Se regula la presentación telemática de los modelos 60-A, 60-T, 60-S, 670, 671 y 672 para todos los operadores de la gestión tributaria.
El convenio colectivo no es el lugar adecuado para regular con detalle el uso de la inteligencia artificial, ya que esto queda fuera de su objeto principal. Esta ausencia no produce una discriminación indirecta ni vulnera la protección de datos personales.
El Comité Europeo de Derechos Sociales ha concluido que el régimen de readmisión y la indemnización por despido improcedente, especialmente en caso de trabajadores temporales contratados en fraude de ley, vulneran la Carta Social Europea revisada.
La condición de empleador corresponde al titular efectivo del hogar familiar donde se prestan los servicios, y no a aquellos que no residan ni asuman directamente la relación laboral; en caso de fallecimiento del empleador, las instrucciones ocasionales por parte de un tercero en vida del titular, no implica la asunción de dicha condición.
La concesión por la empresa al empleado de una tarjeta de combustible solo supone para este retribución en especie por el importe consumido.
Se amplía el ámbito de aplicación de la deducción por gastos relacionados con la conciliación.
Se ha publicado el listado de iniciativas y programas que se declaran como acontecimientos de excepcional interés público, y cuyo inicio se produce, con carácter general, durante el año 2025.
Como la actividad de farmacia es una actividad regulada, sólo los farmacéuticos pueden ser propietarios y titulares de las oficinas de farmacia abiertas al público y, en consecuencia, se trata de contribuyentes del IRPF que desarrollan actividades económicas que están sometidos a las obligaciones del reglamento VERI*FACTU en la medida que utilicen un sistema o programa informático o electrónico de facturación.
