Se actualizan los modelos de declaración informativa 172, 182, 198 y 289 para adecuar su contenido a la normativa vigente.
La expedición de facturas que no reflejan operaciones reales justifica su consideración como facturas falsas, al ser calificada la conducta del obligado tributario como culpable, lo cual justifica la motivación del acuerdo sancionador.
Se modifican los modelos 036 y 030 de declaración censal con el objetivo de introducir algunas mejoras de carácter técnico para adaptarlos a la obligación de información sobre la titularidad real de las personas jurídicas y entidades, permitir la solicitud de rehabilitación del NIF y establecer algunos cambios relativos a la gestión de avisos de carácter informativo de determinados órganos. Además, se suprime el modelo 037.
Se plantean en dos consultas si es válida como materialización la adquisición de un inmueble que se estaba utilizando en arrendamiento y de un piso para utilización en exclusiva por el personal de la empresa.
No existe entrega de bienes en una operación de lease-back. Estas operaciones tienen carácter financiero cuando el arrendatario mantiene la posesión de los bienes y su única finalidad es la de otorgar financiación al arrendatario. El procedimiento de regularización de las cuotas soportadas por bienes de inversión no puede aplicarse cuando el derecho a la deducción inicial no existía.
Se ha reformado la organización de la Administración de Justicia, mediante la creación de los Tribunales de Instancia y el Tribunal Central de Instancia.
Con efectos 3-4-2025, se añade como requisito de los peritos que realizan los informes que deben ser acreditados expertos en la materia.
Con efectos desde el 1-1-20265, quedan exentos del mismo los parques que tengan la consideración de experimentales y los denominados parques eólicos singulares cuya titularidad corresponda a un ayuntamiento.
Se han publicado las entidades a las que se concede la delegación de la inspección del IAE, así como aquellas otras que han renunciado a dicha competencia, o a las que se les ha revocado la delegación.
Con efectos desde el 1-1-2025, se crea un impuesto que grava la capacidad económica de las personas físicas puesta de manifiesto por su estancia en cualquier establecimiento turístico situado en el territorio de Galicia.
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