En los supuestos de retroacción de actuaciones, el plazo se computa desde que se recibe el expediente por el órgano inspector competente para ejecutar y no desde que se recibe por la ORT, que además carece de competencia para ejecutar.
El TS declara la nulidad de la norma reglamentaria en materia de costas, en particular el apartado relativo a su cuantificación por ser disconforme con el ordenamiento jurídico.
No es posible acumular la reclamación de recargo de prestaciones con la de indemnización por daños y perjuicios en caso de accidente de trabajo porque, aunque tienen una causa común de pedir, son de distinta naturaleza y se les aplica distinta normativa.
Es admisible la cláusula estatutaria que, en el caso de embargo de participaciones, establece un derecho de adquisición preferente en fabor de los socios y, en su defecto, de la sociedad o, en su caso, la exclusión del socio, fijando como valor de éstas el valor contable y la supresión del derecho de voto del socio afectado.
Aplicación supletoria a los convenios urbanísticos.