La expedición de facturas que no reflejan operaciones reales justifica su consideración como facturas falsas, al ser calificada la conducta del obligado tributario como culpable, lo cual justifica la motivación del acuerdo sancionador.
Con efectos desde 1-1-2025, se modifican las condiciones, plazos y procedimientos relativos a la llevanza de la contabilidad a través de la Sede electrónica de la AEAT, de los productos objeto de Impuestos Especiales de Fabricación.
Entre las medidas, se introducen cambios en algunas de las deducciones aplicables en este impuesto y se introducen algunas nuevas, las cuales afectan principalmente a los arrendamientos de viviendas permanentes, así como a los gastos derivados de la ELA.
El obligado al pago del IIVTNU en virtud de pacto o contrato con el sujeto pasivo del tributo se encuentra legitimado para instar la rectificación de la autoliquidación tributaria y la devolución del eventual ingreso indebido derivado de aquélla
Son contrarias a la libertad de circulación de trabajadores y a la competencia en el mercado del fútbol profesional las reglas de la FIFA que imponen: a) la responsabilidad solidaria del jugador y del nuevo club por el pago de indemnizaciones en caso de ruptura de contrato sin justa causa; b) la prohibición de inscribir al nuevo jugador cuando es contratado durante el periodo señalado como protegido, desde la firma con el anterior club, y c) la no expedición del CTI, a consecuencia de la existencia del litigio con el anterior club.
Se han aprobado los criterios de autorización de inscripción y permanencia en el Registro Oficial de Entidades de la ZEC, en relación con el ejercicio de actividad con anterioridad a la inscripción.
Vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva la sentencia que aplica preceptos legales declarados inconstitucionales y nulos por sentencia TCo 182/2021, en relación con el IIVTNU, dictada cuando aún se estaba sustanciando el recurso contencioso-administrativo.
La reducción en la base imponible por pensiones compensatorias a favor del cónyuge, satisfechas por decisión judicial, resulta aplicable desde la fecha en que se suscribe el convenio regulador entre las partes que hubiera establecido su pago, siempre que la ulterior sentencia judicial que lo ratifique no modifique lo pactado en dicho convenio regulador.
La Administración puede dictar la providencia de apremio a partir del momento en que haya cumplido la obligación de resolver expresamente el recurso de reposición, debiéndose entender cumplida esa obligación con el intento de notificación o con la puesta a disposición de la resolución.
La existencia de una asimetría en el cómputo del inicio de los plazos de prescripción puede suponer en caso de rectificación fundamentada en una liquidación administrativa, que la Administración liquide bases y cuotas devengadas, mientras se impide la rectificación de la repercusión al obligado tributario, que asumiría el coste de las mismas.
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