La Administración considera como no sujetos al impuesto los servicios de justicia gratuita que presten los abogados o procuradores.
La DGT entiende que, desde el 1-1-2017, el servicio de justicia gratuita no está sujeto a IVA, pues su nueva regulación establece su carácter obligatorio para los profesionales (abogados y procuradores), que además lo realizan a título gratuito, percibiendo una indemnización en compensación a su actuación procesal.
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