La paralización de actuaciones inspectoras por un plazo superior a tres meses -hoy cinco- implica la caducidad del expediente y la posibilidad de incoar un nuevo procedimiento siempre que la infracción no haya prescrito, pudiendo utilizar las diligencias previas a la paralización si se motiva debidamente en el acta.
En algunos supuestos puede ampliarse la duración de la actuación inspectora en otro periodo de nueve meses y el plazo de interrupción se amplía a cinco meses.
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