Responsabilidad de los administradores: administrador de hecho (oculto)

El administrador de hecho oculto es la persona que real y efectivamente ejerce las funciones de administrador de la sociedad, coexistiendo con un administrador de derecho (que figura como tal frente a terceros) y en connivencia con él, el cual de facto se somete sin cuestionamiento a las decisiones del primero y, cuando es preciso, las ejecuta formalmente firmando los pertinentes documentos.

Responsabilidad de los administradores por daño: distinción entre acción social e individual

Se incurre en incongruencia extra petitum cuando el socio demandante ejercita la acción individual para obtener una indemnización para sí, y el órgano judicial condena al administrador a abonar dicha indemnización, no al demandante, sino a la sociedad, como si se hubiese ejercitado una acción social.

Cierre de hecho de la empresa: prueba indiciaria de causa de disolución.

El impago de la renta del único local arrendado por una sociedad es un poderoso indicio de que la misma atraviesa dificultades susceptibles de configurar un escenario próximo a la causa de disolución por pérdidas que reducen el patrimonio neto por debajo de la mitad del capital (LSC art.363.1.e). Además, a falta de depósito de cuentas, incumbe al administrador -y no al demandante- probar la situación económica en la que se encontraba la sociedad, por el principio de facilidad probatoria.

Acción de responsabilidad del administrador: prescripción

En el supuesto de que la acción de responsabilidad del administrador se ejercite tras la entrada en vigor de la LSC según reforma por L 31/2014 -que introdujo el art.241 bis sobre la prescripción-, pero se refiera a hechos acaecidos bajo la normativa anterior -en la que se aplicaba el CCom art.949-, el día inicial del plazo de prescripción es el de la entrada en vigor de la reforma operada por L 31/2014 (esto es, el 24-12-2014); y ello debido a las diferencias del «dies a quo» entre una y otra normativa.

Valoración de acciones o participaciones: por el registrador mercantil.

El registrador mercantil no solo tiene competencia para designar al auditor que valore las acciones o participaciones en caso de derecho de separación del socio, sino también para examinar si concurren los requisitos legales para ejercer dicho derecho. De ahí que la mera oposición de la sociedad al nombramiento de auditor no impida al registrador resolver el expediente, sin que, por tanto, tenga que resolverse la oposición en un procedimiento judicial contencioso.

Asistencia a junta general: legitimación en caso de fallecimiento del socio

La legitimación para el ejercicio de los derechos del socio deriva de su inscripción en el correspondiente libro registro de socios. No obstante, en caso de que la sociedad tenga conocimiento del fallecimiento del socio, debe atender al carácter ganancial de las acciones o participaciones y a la existencia o no de herederos, en cuyo caso la viuda y los herederos conforman una comunidad de bienes que ha de acordar, por el régimen de mayoría (CC art.398), los actos de administración, como es la designación del representante de dicha comunidad de bienes ante la sociedad a efectos del ejercicio de los derechos de socio (p.e., para asistir e intervenir en las juntas generales).