El Tribunal de Conflicto de Jurisdicción acuerda que la Administración es competente para la iniciación y tramitación de un procedimiento de derivación de responsabilidad subsidiaria contra el administrador concursal de una entidad que se encuentra inmersa en un procedimiento judicial de concurso.
La normativa, así como las consecuencias de su incumplimiento, establecida específicamente para los pagos realizados mediante domiciliación bancaria, no es de aplicación cuando se utilicen otros medios de pago distintos.