La Administración sólo puede ampliar el alcance de sus actuaciones de comprobación limitada cuando lo comunica con carácter previo a la apertura del plazo de alegaciones, siendo nulo el acto final del procedimiento en que se acuerde esa ampliación en momento simultáneo o posterior.
Los actos meramente anulables, por incompetencia territorial, interrumpen la prescripción del derecho a liquidar cuando con posterioridad a esas actuaciones tributarias el domicilio fiscal se rectifica con efectos retroactivos.
La suspensión automática de la ejecutividad de las sanciones por interposición de recurso, establecida con carácter general en la LGT, no resulta de aplicación en el supuesto específico de sanciones objeto de una derivación de responsabilidad solidaria en los casos de la LGT art.42.2.
Para completar la distribución de competencias en materia de tabaco crudo y el régimen sancionador asociado, se modifica la norma sobre organización y atribuciones de funciones en el Área de Aduanas e Impuestos Especiales.
Cuando la revocación de un acto firme se constituye como una cuestión incidental dentro de un procedimiento de devolución de ingresos indebidos, la acción corresponde al contribuyente y el órgano judicial tiene potestad, en el supuesto de impugnación, para pronunciarse sobre la totalidad del fondo. En todo caso, para que un acto sea revocable por infracción manifiesta de la Ley, tal infracción ha de ser clara e indiscutible.
Con efectos desde el 15-3-2022, se incluye dentro de las competencias del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la AEAT, el control del tabaco crudo y la tramitación y resolución de los procedimientos sancionadores en esta materia. En particular, el desempeño de las funciones de dirección, planificación y coordinacion relativas a la gestión del Registro de Operadores de Tabaco Crudo.
La exigencia de la reducción de una sanción es una simple actuación administrativa que carece de naturaleza sancionadora y, por lo tanto, no le es aplicable la regla relativa a la caducidad del procedimiento sancionador prevista por la LGT art.209.
La comunicación de pago de una devolución, al no reunir los requisitos que ha de tener un acto para ser recurrible (naturaleza sustantiva y despliegue de potestades administrativas) ni citarse expresamente entre los actos objeto de reclamación, no puede ser impugnada en vía administrativa.
Cuando la rectificación de los pagos fraccionados no tiene como finalidad modificar el importe del propio pago sino el de la autoliquidación final, si el ingreso de la autoliquidación se considera indebido, los ingresos derivados de los pagos fraccionados también, generando su devolución el devengo de intereses de demora desde la fecha de su presentación.