Cuando hay ocultación el día inicial del cómputo de la prescripción no puede ser el de la comisión de los actos imputados, tampoco el de remisión de correos anónimos a quienes carecían de atribuciones para iniciar una actividad sancionadora. En el caso concreto se toma como fecha de inicio del plazo de prescripción aquella en el que un superior y varios trabajadores manifiestan haber sido informados de una investigación interna a través de entrevistas, gracias a la cual se obtiene el cabal conocimiento de los hechos y la responsabilidad del trabajador quebrándose la confianza depositada por la empresa, pudiendo darse crédito a las denuncias anónimas previas.
El trámite de audiencia, si se despide disciplinariamente a un afiliado a un sindicato, sólo procede ante el delegado sindical de la respectiva sección sindical, cuando éste cumpla los requisitos de la LOLS y disfrute de las prerrogativas que esta norma les otorga. La Sala IV unifica doctrina partiendo de una interpretación sistemática e histórica de las normas concurrentes.
Despido disciplinario procedente de la trabajadora que marchó de vacaciones pese a la negativa empresarial, notificada convenientemente y que circunscribía su disfrute a los períodos estivales, amparándose en una autorización previa que quedó luego desvirtuada. La negativa al disfrute en dichas fechas, podría haber sido impugnada por la trabajadora, si la consideraba no ajustada a derecho, pero no es posible su desobediencia unilateral.
Despido disciplinario procedente de la trabajadora que marchó de vacaciones pese a la negativa empresarial, notificada convenientemente y que circunscribía su disfrute a los períodos estivales, amparándose en una autorización previa que quedó luego desvirtuada. La negativa al disfrute en dichas fechas, podría haber sido impugnada por la trabajadora, si la consideraba no ajustada a derecho, pero no es posible su desobediencia unilateral.
Despido disciplinario procedente de la trabajadora que marchó de vacaciones pese a la negativa empresarial, notificada convenientemente y que circunscribía su disfrute a los períodos estivales, amparándose en una autorización previa que quedó luego desvirtuada. La negativa al disfrute en dichas fechas, podría haber sido impugnada por la trabajadora, si la consideraba no ajustada a derecho, pero no es posible su desobediencia unilateral.
Existe variación sustancial de la demanda, cuando en el acto del juicio oral se alega la carencia de un requisito formal legal o convencional, en concreto la ausencia de expediente contradictorio, no mencionado en la demanda y que fue la base de la declaración de improcedencia en la sentencia de instancia, luego confirmada en suplicación. Al tratarse de una cuestión nueva que altera la causa de pedir y genera de indefensión, la Sala IV declara la nulidad de actuaciones hasta el momento de dictar la sentencia de instancia, a fin de que se dicte nueva resolución en la que se resuelvan las pretensiones de la demanda con exclusión del motivo formal alegado en el acto del juicio oral.
El trabajador que se encuentra fuera del lugar y horario de trabajo puede cometer actos que serían sancionables como transgresión de la buena fe contractual por causar un perjuicio a la empresa, si con ello incurre en comportamientos que tengan algún tipo de relevancia y vinculación con la actividad laboral. Así sucede si se perjudica la empresa de manera voluntaria y deliberada cometiendo un acto ilícito que tiene relevancia o vinculación con el contrato de trabajo.
La mención en el cuadrante de la sanción disciplinaria de empleo y sueldo impuesta a un trabajador no vulnera sus derechos fundamentales al honor y a la intimidad.
No puede sancionarse la percepción de un incentivo a los trabajadores que hayan utilizado permisos retribuidos ni a los que hayan sido amonestados o sancionados, pero sí en los casos en los que por IT se superan determinados porcentajes de absentismo.
El despido disciplinario se fundamenta en incumplimientos graves y culpables del trabajador. No concurre la segunda nota de culpabilidad, siendo improcedente, en el caso de un cartero que por su condición de ludópata carecía de una integridad psicológica que le permitiese conocer el contenido ético y el alcance de sus actos (en este caso sustracciones de tarjetas de crédito), y de capacidad volitiva, entendida como posibilidad real del sujeto de determinar sus acciones. La empresa afectada, ante la gravedad de los hechos, podría haber articulado la extinción a través de un despido objetivo por ineptitud sobrevenida.
