Con efectos 25-4-2023, se modifica este Reglamento para adaptar el contenido sobre aplazamiento/fraccionamiento, compensación y pago en especie a la reforma que la Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal incorporó, con efectos generales desde el 11-7-2021, en la Ley General Tributaria.
Con efectos 25-4-2023, se modifica este Reglamento para adaptar el contenido en materia de suspensión a la reforma que la Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal incorporó, con efectos generales desde el 11-7-2021, en la Ley General Tributaria.
Con efectos 25-4-2023, se modifica este Reglamento para adaptar su contenido a la reforma que la Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal incorporó, con efectos generales desde el 11-7-2021, en la Ley General Tributaria.
Con efectos 15-4-2023, se eleva el límite exento para aportar garantías en aplazamientos o fraccionamientos de determinadas deudas tributarias.
Para los procedimientos iniciados a instancia de parte, la falta de resolución expresa en plazo produce los efectos propios del silencio negativo.
Resulta procedente la incoación de un procedimiento sancionador por el incumplimiento de las obligaciones formales exigibles, cuando tales obligaciones se refieran a conceptos y ejercicios tributarios objeto de un único procedimiento de inspección tributaria que finaliza mediante acta de conformidad relativa al cumplimiento de las obligaciones materiales, sin regularización del inspeccionado.
Se recupera la mención específica que ha de constar en los estatutos sociales cuando la cifra de capital de la sociedad es inferior al mínimo fijado.
Con efectos 17-3-2023 y en aras a garantizar la seguridad jurídica, se establece la nueva estructura de este Departamento, con el objeto principal de definir detalladamente el área funcional y competencial de los órganos administrativos que corresponden a cada uno de los centros directivos.
En coherencia con la justicia europea, el Tribunal Supremo suspende cautelarmente la normativa nacional reglamentaria relativa a la obligación de información entre particulares cuando la cesión de información vulnera el régimen jurídico del deber de secreto profesional del intermediario.
El Tribunal Supremo matiza la legislación sobre la materia y establece que, a efectos de la publicidad de situaciones de incumplimiento relevante de las obligaciones tributarias, solo pueden ser incluidas en el listado de deudores aquellas personas físicas o jurídicas que ostenten la condición de deudores a la Hacienda Pública por deudas o sanciones tributarias firmes. Si se formulan alegaciones, pueden incluir cuestiones de índole jurídica.
